Washington D.C./ La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hace un llamado a México para asegurar que el proceso de selección de la nueva persona que integrará la Suprema Corte de Justicia de la Nacional (SCJN) se realice de conformidad con los estándares internacionales que asegure la elección de la persona idónea para el cargo.

Ante la reciente vacancia de un cargo en la SCJN, debido a la renuncia de uno de sus integrantes aprobada por el congreso el pasado 15 de noviembre, se inicia próximamente en México el proceso constitucional para seleccionar a la próxima persona que ocupará dicho cargo. El Estado indicó que el proceso de elección de ministros a la SCJN se realiza conforme a lo establecido en la Constitución que es la norma de máxima jerarquía en el país, disposiciones a las cuales debe darse pleno cumplimiento con base en el principio de legalidad.

Las personas operadoras de justicia cumplen un rol esencial en el acceso a la justicia y la preservación del Estado de derecho. Por ello, todo proceso de selección y nombramiento debe llevarse de forma estricta en condiciones de igualdad y sin discriminación, con base en méritos, capacidad, idoneidad y honradez, para asegurar su independencia y evitar la discrecionalidad de los órganos en su selección, según establecen los estándares, recogidos en el informe de la CIDH sobre independencia de personas operadoras de justicia.

Asimismo, el proceso de selección de personas operadoras de justicia debe asegurar una adecuada representación de los diversos sectores sociales, en particular, garantizar la paridad de género en la integración de los órganos judiciales.

La publicidad y transparencia debe ser garantizada a lo largo de todo este proceso, y se debe asegurar una amplia participación de la sociedad civil y otros actores interesados a fin de que tengan la posibilidad de conocer los criterios de selección, y expresar su opinión sobre las personas candidatas.

En función de lo anterior, la Comisión recuerda al Estado la importancia de que este proceso se ajuste a la normativa y estándares interamericanos que deben orientar la conformación de altas cortes en las Américas de cara a la garantía del derecho de acceso a la justicia y debido proceso.