Ciudad de México/ En medio de la campaña electoral, la candidata por Morena a la gubernatura de Veracruz, Rocío Nahle, y su esposo siguen siendo objeto de escrutinio público debido a la revelación de otro inmueble que les pertenece. Esta vez, se trata de un lujoso departamento ubicado en San Pedro Garza García, Nuevo León, valuado en unos 28 millones de pesos, convirtiéndose en el sexto inmueble hallado en semanas recientes.

El empresario Arturo Castagné Couturier dio a conocer esta información a través de su cuenta en la red social X, mostrando una escritura pública realizada en la Notaría número 25, en Monterrey. En dicho documento se especifica que la esposa de un importante empresario gasolinero vendió el departamento en octubre de 2016 a José Luis Peña Peña, cónyuge de la política morenista, mediante un crédito simple con interés y garantía hipotecaria otorgado por Banamex. El inmueble, que cuenta con casi 125 metros cuadrados, se encuentra en la colonia Santa Bárbara, en San Pedro Garza García.

El departamento del matrimonio Nahle Peña ofrece comodidades de lujo, incluyendo sala comedor, cocina, tres recámaras con baño vestidor, balcón, vestíbulo, cuarto de televisión, antecomedor, comedor y cuarto de servicio con baño completo. Además, cuenta con un sótano que alberga tres cocheras y una bodega.

Según Castagné Couturier, el valor comercial de esta propiedad supera los 28 millones de pesos.

En las últimas semanas, se han revelado datos sobre varias propiedades pertenecientes a Rocío Nahle y su esposo, sumando hasta ahora un patrimonio inmobiliario valuado en casi 90 millones de pesos. Estas revelaciones han generado polémica, especialmente considerando el papel de Nahle como titular de la Secretaría de Energía durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

A pesar de las continuas revelaciones sobre sus propiedades, Nahle ha optado por no dar explicaciones al respecto, argumentando que no quiere verse envuelta en difamaciones. La situación ha generado debate en el ámbito político y la opinión pública sobre la transparencia y la ética en la función pública.