La corrupción es un tema persistente en el imaginario mexicano y, si le diéramos forma, diríamos que es como el Diablo: nos roba la oportunidad de ser felices, tiene la culpa de todo, está en todas partes, pero nunca sabemos bien dónde. Transparencia Internacional la define como “El abuso de un poder conferido para beneficio propio. La corrupción puede clasificarse en grande, trivial y política, dependiendo de la cantidad de dinero perdido y del sector donde ocurre”.[1] Para poder atacarla, es necesario saber bien qué es.

En el cuaderno de transparencia del INAI número 26 “Opacidad y corrupción: las huellas de la captura”, el doctor Mauricio Merino plantea dos formas de entender la corrupción:[2] a) una individualista, donde la falta de cualidades morales de una persona la vuelve corrupta; b) una burocrática, donde la corrupción se entiende como una serie de actos comprobados que violentaron reglas y éstos deben ser sujetos de una sanción y una reparación. Una tercera forma de entenderla, señala el autor, es contemplándola como una acción concertada que busca capturar distintos espacios de poder en las instituciones de gobierno para beneficio de un grupo de personas.

Una política anticorrupción busca, entonces, dificultar un esquema de captura institucional y lo hace por medio de un esquema de intercambio de información entre distintos entes y a través de un sistema institucional de archivos, sólido, que dé cauce a un cumplimiento de obligaciones de transparencia y a un caudal de información pública accesible al escrutinio ciudadano, además de un esquema para el seguimiento de los bienes, impuestos e intereses de los servidores públicos.

En la actual administración, se habla mucho sobre el combate a la corrupción y los costos que se ahorran cuando se abate;[3] sin embargo, no existe en los hechos una política coherente, pues hay un énfasis en una visión individualista. Esto puede demostrarse con la gestión que ha hecho el presidente de los testimonios de Emilio Lozoya en sus conferencias matutinas y al comentar un video donde se muestra a secretarios técnicos de senadores panistas de la LXIII Legislatura recibiendo dinero.

Para el presidente, combatir la corrupción es señalar al corrupto. Es decir, se entiende como un medio y no un fin, pues se usa como elemento discursivo que permite ejercer control político. Se atacan a panistas y priistas de la administración anterior, a razón de disminuir la credibilidad de dichos partidos en cara de las elecciones intermedias de 2021. Esto es, para buscar mantener la mayoría en la Cámara de Diputados, el presidente busca debilitar a partidos rivales por medio del golpeteo discursivo.

El combate a la corrupción permite establecer un discurso del bien contra el mal, donde el gobierno representa al “pueblo” y hace frente a los “corruptos”, sin definir quiénes son y por qué lo son;[4] al no definir estos campos, puede decirse que no se tolera la impunidad ni la corrupción, sin tener que explicar qué medidas en concreto respaldan esta afirmación. Es por eso que, en las mañanas, desde Palacio Nacional, se ondea un pañuelo.

En la práctica, no se han hecho cambios necesarios a las reglas de adquisición, además que han existido porcentajes de adjudicación directa similares o mayores a los de administraciones pasadas.[5] Asimismo, por austeridad se redujo el presupuesto del INAI y del Sistema Nacional Anticorrupción.[6] Además de lo anterior, teniendo una explosión de peticiones de acceso a la información, se ha tenido un aumento similar de declaraciones de inexistencia por parte del gobierno.[7]

Para contar con un combate efectivo a la corrupción, las distintas entidades gubernamentales y de interés público (como sindicatos y partidos) deben hacer pública información que permita rastrear sus actividades para comprobar su licitud; además, debe existir un intercambio de información entre las distintas entidades gubernamentales que vigilan el ejercicio del gasto público y el combate a la corrupción.

Tener transparencia implica también una gestión archivística efectiva: un Sistema Institucional de Archivos que permita preservar los documentos relevantes de cualquier entidad pública, porque de ellos se nutre la información que se sube a los portales de transparencia y ésta puede ser consultada por periodistas, investigadores y contralores gubernamentales.

En 2017, fui nombrado miembro y después electo presidente de la Comisión Nacional de Transparencia de Movimiento Ciudadano y me fue encomendada la tarea de renovarla y lograr alcanzar los estándares que señala la Ley. Desde mi experiencia, puedo decir que implementar la transparencia en una institución requiere romper con inercias administrativas y con una cultura que permea en todos los partidos y gobiernos (federales y locales) donde la información se entiende como propiedad personal, donde al ciudadano no se le debe nada y donde la transparencia es una carga, en vez de ser un deber.

El enfoque del presidente es luchar contra una nueva forma de hacer (bien) la función pública; estigmatizar no mejora las cosas, pero el trabajo preventivo sí. Se deben implementar la transparencia, la gestión archivística, el intercambio de información, la independencia de las contralorías y la persecución de infracciones y delitos con investigaciones robustas y llevadas a cabo de forma correcta, sin seguir criterios políticos, ni usarse para el golpeteo discursivo.

El combate a la corrupción no requiere medidas vistosas ni narrativas grandilocuentes, tampoco se puede lograr de un día a otro. Se requiere disciplina administrativa, mucha paciencia y un cambio de mentalidad; implica luchar contra inercias que existen desde años y esto se hace poco a poco, desde varios lados y de forma discreta. No es, quizás, un discurso que enamore, pero sí es algo que todos queremos y necesitamos.