Ciudad de México/ Los gobernadores de los 31 estados de México, junto con el jefe de Gobierno, han presentado un amicus curiae ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el que solicitan que no se elimine la prisión preventiva oficiosa.

En este documento, los mandatarios estatales argumentan que la eliminación de esta medida cautelar tendría graves repercusiones en la seguridad pública del país. Además, señalan que podría provocar un colapso en los tribunales federales, ya que se verían obligados a examinar cada solicitud de cambio de prisión preventiva.

Los gobernadores destacaron que la prisión preventiva oficiosa es una herramienta fundamental en la política de combate al crimen. Esta medida permite garantizar un adecuado proceso penal, contribuir al esclarecimiento de los hechos, proteger a las víctimas de los delitos y evitar la impunidad de los responsables. Asimismo, enfatizan en la importancia de lograr la reparación de los daños causados por los delitos.

Es importante mencionar que la SCJN tiene previsto discutir un proyecto que propone no solo inaplicar la prisión preventiva oficiosa, sino también negar las órdenes de arraigo y ordenar investigaciones independientes en casos de denuncias de tortura, excluyendo la participación de autoridades penitenciarias y de detención.

En caso de que esta propuesta sea aprobada, tendrá efectos generales y deberá ser acatada por todos los jueces del país, tanto del fuero común como del federal. Los gobernadores hacen un llamado a la SCJN para considerar los impactos negativos que podría tener la eliminación de la prisión preventiva oficiosa y a mantenerla como una herramienta crucial en el combate al crimen y la protección de la sociedad.