Washington, DC/ La prohibición del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a los viajeros de seis países mayoritariamente musulmanes está destinada a ser reemplazada este fin de semana con restricciones más específicas en las visitas a territorio estadounidense que varían de un país a otro y que afectarían a un mayor número de naciones.

Así, las autoridades tendrían en cuenta factores como la cooperación con Estados Unidos o la amenaza que representa cada país.

Lo anterior, fue asegurado este viernes por funcionarios que conocen los planes según informó el diario The Wall Street Journal (WSJ).

En un principio, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) elaboró una lista de 17 países afectados por las nuevas directrices que no cumplían con requisitos como informar a EU de la presencia de terroristas conocidos o emitir pasaportes fiables.

Ante la posible inclusión en esa lista, algunos países efectuaron cambios para cumplir con las exigencias estadunidenses, lo que rebajó a la mitad el número de naciones, precisaron las citadas fuentes.

“La Administración de Trump se asegurará de que sólo admitimos a aquellos que pueden ser escrutados de forma apropiada y no supongan una amenaza a la seguridad nacional o la seguridad pública", afirmó Jonathan Hoffman, secretario asistente de asuntos públicos del departamento citada por el diario, sin dar detalles sobre las medidas.

Se prevé que el Gobierno anuncie las nuevas reglas antes de este domingo, cuando vence la vigencia del veto migratorio.

Trump todavía debe aprobar el nuevo plan, pero parece ser similar a la propuesta que tuiteó hace una semana después del ataque terrorista en el metro de Londres.

El veto de la administración Trump, emitido en marzo, entró en vigor parcialmente a finales de junio e impide durante 120 días el ingreso a EU de refugiados y, durante 90 días, el de ciudadanos de Irán, Somalia, Sudán, Siria, Yemen y Libia, seis países de mayoría musulmana.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos permitió su entrada en vigor y dio discrecionalidad al Ejecutivo para definir sus propias normas de aplicación, pero en una audiencia programada para el 10 de octubre estudiará su legalidad a fondo.