Desde hace un año, el poder que acumuló la ex directora de Administración del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, Joana Marlen “N”, comenzó por esfumarse.

Esta mujer mantuvo por más de tres años el control del presupuesto del tribunal estatal, pero cayó en desgracia; su situación pasó de la bonanza a la sospecha. El 26 de septiembre del año pasado, un actuario se presentó a sus oficinas para notificar su cese.

Prácticamente le echaron con cajas destempladas del cargo que ocupó desde agosto de 2020.

Poco después de su despido, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, magistrada Lisbeth Aurelia Jiménez, dio a conocer una auditoría interna, que se enfocó en los comités de obras y adquisiciones. Sin decirlo con todas sus letras, la magistrada reveló el motivo del cese.

A principios de febrero del presente año trascendió que la ex directora de Administración habría sido citada por la Fiscalía General del Estado.

En marzo pasado se dio a conocer que la mujer fue señalada por un presunto mal uso del presupuesto.

El trabajo de la Auditoría Superior de la Federación reveló que sólo en el ejercicio presupuestal de 2021 se detectaron irregularidades por más de 82 millones de pesos, recursos federales que habrían sido utilizados de forma indebida para cubrir pagos de servicios personales no etiquetados.

El Poder Judicial de Veracruz no pudo justificar esos movimientos y a la ex directora de Administración se le vino el mundo encima, porque no sólo se ignoraron las disposiciones en materia de austeridad y disciplina financiera, sino que incluso, se gastó más de lo presupuestado en algunos rubros.

El problema para ella es que se acumulan denuncias en su contra; ha trascendido que van 4 por presuntos actos de corrupción, relacionados con el manejo de los recursos en 2023. Es decir, las irregularidades detectadas en la más reciente auditoría son diferentes y se agregan a las encontradas por la ASF.

Entre las observaciones, por cierto, se encuentra la contratación de empresas fantasma; y se habla de presuntos delitos que van desde el incumplimiento de un deber legal hasta el desvío de recursos públicos y el enriquecimiento ilícito.

La ex funcionaria del PJE fue una de las mujeres poderosas del gobierno estatal veracruzano, concretamente del Tribunal Superior de Justicia; no era magistrada, pero tenía el control presupuestal, así como relaciones en las altas esferas de los tres poderes de la entidad.

Sus días de gloria, sin embargo, quedaron en el pasado.

En julio de 2021, por cierto, la magistrada Concepción Flores Saviaga alertó sobre las irregularidades en el Poder Judicial; se refirió en su momento a la asignación de estratosféricos salarios para más de 150 personas de reciente ingreso en el Tribunal, todas sin perfil e incrustadas en áreas administrativas. Parece que tenía razón.

@luisromero85