Recuperar el patrimonio de funcionarios o ciudadanos que son acusados de obtenerlos de manera ilícita, como el caso del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, puede lograrse a través del decomiso; sin embargo, debido a los amplios recursos que tiene la defensa, estos procesos suelen ser muy largos, explicó el investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), Ricardo Gluyas Millán.

En entrevista telefónica expuso que los bienes decomisados quedan en manos de la Federación, quien tiene la facultad de disponer de ellos y podría ocuparlos para reparar los daños financieros en una entidad.

Gluyas pormenorizó que el decomiso de bienes es mandatado a través de una pena dictada por un juez y es necesario que el patrimonio haya sido previamente asegurado e inventariado.

Otra figura jurídica para la recuperación, es el abandono de bienes, el cual —explicó el experto— consiste en invocar al propietario para que exprese lo que a su derecho convenga; de no acreditar la legal procedencia, entonces es dictado el abandono a favor del Estado. Dicha figura es más flexible y corta en términos de temporalidad.

En noviembre del año pasado, la PGR aseguró 112 cuentas bancarias, cinco empresas y cuatro propiedades ligadas al exfuncionario Duarte de Ochoa, quien se encuentra detenido en Guatemala.

En su momento, la PGR informó que estas medidas formaban parte de una estrategia “que tiene como finalidad limitar o anular el uso, aprovechamiento y movimiento de los recursos ilícitos por parte del mandatario y sus cómplices en su intento de burlar la aplicación de la justicia”.

En febrero, el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, dio a conocer la incautación de más pertenencias, como vajillas, pinturas y libretas atribuidas a la esposa del exfuncionario, Karime Macías; localizadas en una bodega en la mencionada entidad.

Sobre la situación de los bienes de un cónyuge, Gluyas Millán, señaló que las penas del Poder Judicial son individuales, por lo que debe acreditarse una causa penal para que se acredite el delito de peculado (ello es decir la apropiación indebida del dinero perteneciente al Estado) y posterior a ello perseguir sus pertenencias.

En tanto no exista una causa penal y los bienes no estén asegurados, no hay impedimento para que la pareja del acusado haga uso de sus propias pertenencias, puntualizó el investigador. Sin embargo, las investigaciones pueden continuar para determinar el origen de objetos y propiedades.

Es de mencionar que el subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, Alberto Elías Beltrán, ha informado que tanto Karime Macías, como el resto de la familia de Duarte de Ochoa, “están libres. No tienen ninguna situación de enfrentar la justicia mexicana”.

El canciller de Guatemala, Carlos Raúl Morales expuso que su gobierno podría aplicar la Ley de Extinción de Dominio en favor del Estado mexicano, en caso de comprobarse que Duarte tiene propiedades en su país.

Al respecto, el investigador del Inacipe detalla que la extinción de dominio es otra forma de recuperar bienes. En México, expone, está justificado en la Constitución; esta figura no depende de una sentencia penal, se puede llevar a cabo de manera simultánea al decomiso o abandono.