El caso contra el alcalde de Apatzingán, Uriel Chávez, por presunta extorsión a tres regidores, responde a una situación político personal y no a un asunto de delincuencia organizada, afirmó su abogado, Eduardo Quintero.

“Pienso que es una situación político personal (…) prueba de ello es que precisamente el mismo presidente municipal de Apatzingán, momentos antes de ser detenido, sufrió una amenaza directa por parte de uno de los regidores que lo está acusando”, señaló.

“De acuerdo a las nóminas no hay tal extorsión. (Los regidores) señalan que les descontaban 20 mil pesos de su salario, si es un descuento directo entonces el cheque de su pago no tendría que ser por el 100%, eso es lo que estamos buscando probar, que efectivamente a ellos se les pagó el 100%”, detalló.

Eduardo Quintero señaló, sin embargo, que tienen en contra los tiempos constitucionales, ya que se atraviesan los días de asueto con motivo de Semana Santa y eso dificulta reunir las pruebas a favor de Uriel Chávez, como son copias de los cheques de pago a los regidores y las nóminas que ellos firmaron.

“Estamos con los tiempos encima, pues estamos haciendo hasta lo imposible por probar que no existió esa extorsión”, indicó.