07 de Mayo de 2024
Entorno Político | Local
Martes 29 de Julio de 2014 | 3:25 p.m.

Impediría ley juicios paralelos para proteger al ciudadano

Redacción
  • Da entrada Congreso a una Iniciativa que busca reformar Ley de Juicio de Protección de Derechos Humanos del Estado

Xalapa, Ver./ Como medida legal para impedir la continuación de juicios paralelos que deriven en resoluciones firmes en sentido opuesto, el Congreso del Estado dio entrada a la Iniciativa enviada por el gobernador Javier Duarte de Ochoa, que reforma la Ley del Juicio de Protección de Derechos Humanos del Estado.

En la Exposición de Motivos se precisa que los juicios paralelos no procederán como medio de defensa en actos y procedimientos de materia administrativa, laboral y de seguridad social, así como contra actos de nombramiento y remoción de servidores públicos estatales y municipales.

La Iniciativa, turnada a la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Atención a Grupos Vulnerables y Migrantes, establecería también esta improcedencia contra actos materia de juicio o procedimiento pendiente de resolución, promovidos por el mismo actor, contra la misma autoridad y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones que se reclamen sean distintas.

Además, señala que Veracruz cuenta con un mecanismo legal específico que permite a sus habitantes acudir al Juicio de Protección de Derechos Humanos, para hacer valer aquellos que estima violados por actos de autoridad. Pero –añade el documento–, para preservar la certeza jurídica de ello, es indispensable disponer de las medidas legislativas necesarias.

También se recuerda que el Juicio de Protección de Derechos Humanos está diseñado para proteger al gobernado frente a posibles abusos de autoridades administrativas o legislativas, que no estén sujetos a la potestad de órganos jurisdiccionales en el Estado.

Por lo anterior, no es adecuado que se abra un proceso de esta naturaleza en casos en que existan expedientes que se ventilen ante tribunales o autoridades estatales pendientes de resolución, para evitar resoluciones disímbolas hacia un mismo acto, así como la posible invasión de competencias entre los distintos órganos del Poder Judicial.

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