Desde 1968 el PRI se vio imposibilitado de gobernar con toda la legitimidad que se requiere.

Una estructura gubernamental autoritaria e impositiva no permitía ninguna negociación para las necesidades sociales, económicas y políticas que surgían.

Se entendía que negociar era ceder de antemano y esto se agudizaba si los interlocutores, los que buscaban arreglos con el sistema, no formaban parte del corporativismo revolucionario, es decir un buen nivel jerárquico o de influencia en las organizaciones obreras y sindicatos importantes de las empresas del gobierno o con los caciques locales a lo largo del país.

El movimiento de 1968 cimbró al sistema y demostró que el gobierno no tenía la legitimidad suficiente para usar el valor moral que se supone lo sostenía, con toda la parafernalia revolucionaria que había construido en torno a un tipo de ideología que se parecía más a una religión política: el nacionalismo revolucionario, del que se desprendía un culto al líder político y varias operaciones derivadas, entre ellas el silencio cómplice, lo que los sicilianos llaman omertá la ley del complot callado.

No quisiera ahondar más en el fascinante tema de las revoluciones mundiales de 1848 y la de 1968, que algunos analistas antisistémicos han explicado como fenómeno desde el punto de vista geopolítico. Por ahora , solamente quiero recalcar que lo mal planeado y hecho de la operación en Tlatelolco que tuvo un perfil definitivamente criminal y hasta genocida; y lo estúpido de los líderes para actuar por medio de la ley o algo que se pareciera a ella, rompió la imagen de que nuestro país era un país de excepción: de libertades y de avance cultural. Y México se desmoronó ante la flagrancia de la mentira que el gobierno no pudo ni quiso paliar, mostrando su verdadero rostro que tanto había presumido que era otro.

Pero el gobierno en ese año y desde entonces mostró también, no solo que era ineficaz en la manipulación mental, sino también que carecía de la mínima legitimidad para usar la fuerza en medio de los desordenes. En 1971 con los halcones recurrió al disfraz y en Aguas Blancas, Acteal, Atenco, Ayotzinapa, o Nochixtlán, se negaron a dar la cara sencillamente.

Porque en las encuestas que deben tener en Los Pinos a lo largo de estos años, casi cincuenta,  la repulsa al uso de la fuerza no les permite margen, dado que un gobierno como el actual solamente representa un sector minoritario de votantes: originalmente menos de la cuarta parte al principio del mandato y hoy la aceptación real del régimen debe ser inferior al doce por ciento. Y no existe ninguna organización política o privada que pueda sostenerse con esos números adversos.

En cualquier país democrático el presidente cambiaría de gabinete por completo como un intento obligado de recuperar la confianza y si no fuera posible con eso, que los ciudadanos le otorgaran esa preciada confianza; como profesionales que son y que entienden lo que se juega, dimitirían porque es imposible aparentar que mandan cuando nadie les hace caso. Haciendo realidad lo que el cacique  de Morir en el Golfo decía, “Ustedes los del centro creen que mandan, pero no mandan nada”. Porque poder sin mando, es una ficción.

Por eso más que nada las fuerzas militares piden garantías legales específicas, sienten que no están pisando tierra firme, haciéndole caso a un ejecutivo con poco, poquísimo margen de maniobra y a la hora de pagar los platos rotos los que cargan con los desastres son los militares, como fue en el 68.

Por eso decía Max Weber que a la legitimidad que nace de un origen legal debe sumársele la legitimación, que se interpreta como el margen operativo de ejercer con eficacia el poder reconocido en todo ejercicio de la cosa pública,  por los ciudadanos. Un liderazgo indispensable para gobernar con la libertad de movimiento para poner bajo control del estado a los levantiscos, vándalos, delincuentes y depredadores que desde cualesquier estamento, pongan en riesgo la paz social.

Y eso incluye los intereses voraces de la burocracia, que un líder político debe limitar a su estricto trabajo funcional derivado de las atribuciones de la ley y no de una lógica pragmática para corromper a los jefes, que poco les falta; con argumentos que defienden contingencias excesivas y costosas que finalmente son extralegales, porque son solamente interpretaciones de la materia administrativa que es explícita y no permite ese tipo de consideraciones especulativas, como son la creación de fideicomisos que desde Echeverría han servido para ocultar dinero y movimientos que son en esencia contrarios al Estado de Derecho.

Por eso las crisis de este milenio en países tercermundistas como en México, son consecuencia, más que de la pobreza en sí o la incultura que son flagelos reales, los graves daños a la gobernabilidad se encuentran en la élite burocrática que se asume dueña de los recursos públicos, de una manera enfermiza al grado que creen que son de ellos y toman malas decisiones, sin entender que: es el gobierno un bien público colectivo para administrar los bienes públicos del colectivo. Para lo cual el análisis de la administración pública su dirección y su proceso, de ninguna manera son subordinados de las canonjías de las burocracias y de los beneficios de los cercanos a las élites de gobierno.

Ese es el problema y es mayor, hacer entender a los que quieren gobernar o ya gobiernan que el gobierno no es suyo y que no pueden disponer de él de ninguna manera, que no sea la estrictamente legal, así sea lo mejor y más altruista lo que intenten. Porque ese margen de la ilegalidad no es legítimo y procede a los abusos, las raterías, las deudas, los privilegios de los sindicatos del gobierno, de sus empresas y las disparidades en los ingresos, los pensionados sobreprotegidos y lógicamente afectan a todos los beneficios productivos del país, desalentando el orden político.

Porque a México nadie le apuesta, todos lo hacen en contra y si pueden muchos políticos ya que tienen recursos, cambian de nacionalidad o de residencia, porque les sale la impronta de conquistadores pobres, vienen a robar, lo hacen y huyen.