Ciudad de México/ La Fiscalía General de la República (FGR) ha iniciado una investigación penal contra María Amparo Casar y sus dos hijos por la pensión que recibieron de Petróleos Mexicanos (Pemex) desde 2004 hasta febrero de 2024. La denuncia fue presentada por Pemex el pasado 5 de abril y actualmente el Ministerio Público está reuniendo la información necesaria sobre el caso.

La FGR confirmó la apertura de la carpeta de investigación y la realización de las indagatorias correspondientes. Según el comunicado oficial, la denuncia involucra a varios servidores públicos de Pemex y a tres particulares, identificados como María “N”, Fernanda “N” y Carlos “N”, en relación con la presunta ilicitud en el otorgamiento de la pensión a particulares tras la muerte de Carlos “N”. Se cuestiona tanto la concesión de la pensión como las autorizaciones económicas otorgadas por los servidores públicos implicados.

El 12 de abril de 2024, la FGR citó a la denunciante para que precisara detalles sobre los hechos denunciados. Tras la comparecencia del 15 de abril, se abrió formalmente la carpeta de investigación y se procedió a formular un plan de investigación, solicitando la información indispensable para el caso.

Desde el gobierno mexicano, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se argumenta que la pensión cobrada es ilegal debido a que el esposo de María Amparo Casar se suicidó. El Presidente señaló que Casar acudió al entonces procurador Bernardo Bátiz para solicitar un peritaje favorable que le permitiera cobrar la pensión. Bátiz, quien actualmente es consejero de la Judicatura, declaró en el programa Aristegui En Vivo que no recuerda dicha reunión.

Por su parte, María Amparo Casar, titular de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, defiende la legalidad de la pensión que recibió y ha iniciado un juicio de amparo para proteger lo que considera una violación a sus derechos. La activista sostiene que la pensión otorgada cumple con la normativa vigente y que las acusaciones en su contra carecen de fundamento legal.

La FGR continúa recabando información para esclarecer los hechos y determinar si existieron irregularidades en el proceso de otorgamiento de la pensión a la familia de Casar. La investigación está en curso y se espera que en las próximas semanas se den a conocer más detalles sobre el avance del caso.