La semana pasada fuimos testigos cibernéticos de un 8n operativo cuasi militar ya que un pelotón integrado por elementos de la guardia nacional, de marinos y de policías de la CDMX, violando la Soberanía del Estado de Morelos fueron a la ciudad de Cuernavaca para detener no a un capo mafioso sino a un funcionario de su gobierno, llevando una orden de aprehensión dictada en su contra por un juez del fuero común capitalino.

Tal acción me hizo recordar aquel montaje que se llevó  cabo hace varios años para detener a unos secuestradores entre los que se encontraba una ciudadana francesa.

En el operativo de este año se detuvo al Fiscal General del Estado de Morelos, como presunto responsable de los delito9s de obstrucción a la justicia e incumplimiento del deber legal por el caso aquel de la joven cuyo cuerpo fue hallado en un paraje de aquel Estado; el funcionario en su defensa alegó que por su cargo, goza de fuero constitucional.

El caso en sí, se refiere a a la diferencia que hubo entre las necrópcias que se le practicaron a la difunta tanto en la CDMX y la que hizo en Cuernavaca, lo que motivó un controvertido debate entre la fiscalías de ambas entidades.

Todo este asunto me interesó desde el punto de vista jurídico ya que en Veracruz hemos tenido dos casos de fiscales que han sido acusados de varios delitos y fue necesario que la Cámara de Diputados haya tenido que intervenir formulando un dictamen de procedencia para que se les enjuiciara.

Por esa razón busqué y encontré que en la Constitución de Morelos también se prevé similar procedimiento, lo que en el presente caso no ocurrió, lo cual desde luego representa que el Operativo es violatorio de las garantías que le otorga  dicho ordenamiento jurídico.

Desde mi particular punto de vista no se configuran los delitos que se le imputan al citado funcionario y según se dice en las “benditas redes sociales” se trata de una venganza de carácter político por otras acciones de aquel.