Xalapa, Ver./ Rocío Nahle García, candidata de Morena a la gubernatura de Veracruz, se encuentra bajo escrutinio público debido a acusaciones sobre el incremento de su patrimonio inmobiliario en un lapso de cinco años. Un experto en políticas anticorrupción ha señalado la posible existencia de elementos que justificarían la apertura de investigaciones administrativas y penales por enriquecimiento ilícito.

Las propiedades en cuestión abarcan terrenos y bienes inmuebles de alto valor en Veracruz, Nuevo León, Tabasco y Estados Unidos. Uno de los señalamientos más destacados es su residencia en el exclusivo fraccionamiento El Dorado, en Boca del Río, Veracruz, considerado uno de los más lujosos de la región, al cual se puede acceder incluso en yate.

La candidata ha declarado que la propiedad no es de su titularidad directa, afirmando que se trata de un alquiler cuyos detalles no ha precisado públicamente. Sin embargo, la casa está registrada a nombre de Maribel Hoyos, su sobrina de 35 años.

Las críticas se han intensificado debido al uso de vehículos de lujo en su campaña electoral, lo que ha generado cuestionamientos sobre posibles irregularidades financieras y contradicciones con los principios de austeridad promovidos por la actual administración.

Miguel Manrique, experto en Políticas Anticorrupción, ha enfatizado la necesidad de investigar la evolución patrimonial de Nahle, señalando que la ley contempla mecanismos para examinar el crecimiento desproporcionado de los bienes de servidores públicos.

Las revelaciones sobre las propiedades de Nahle han sido difundidas por el empresario veracruzano Arturo Castagné, quien ha cuestionado la forma de adquisición y los valores declarados de dichos bienes. Este escrutinio también se ha extendido a otros operadores políticos vinculados a la candidata, como Juan Javier Gómez Cazarín y Rafael Fararoni, quienes han sido señalados por poseer múltiples propiedades sin una explicación clara sobre su origen y adquisición.

Las autoridades correspondientes, incluida la Secretaría de la Función Pública, están siendo instadas a investigar estas denuncias y a realizar revisiones exhaustivas sobre el patrimonio de los funcionarios públicos involucrados, en aras de garantizar la transparencia y el combate efectivo contra la corrupción en el ámbito político y gubernamental.