Ciudad de México/ Morena y el exministro en retiro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea han anunciado que presentarán una solicitud de juicio político contra la actual ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña. Esta acción surge como respuesta a las investigaciones ordenadas por Piña contra Zaldívar y otros integrantes del Poder Judicial Federal (PJF) por presuntos actos de corrupción y por vulnerar la autonomía e independencia del Poder Judicial durante el tiempo en que Zaldívar estuvo al frente de la Corte.

Según Zaldívar, las denuncias se fundamentarán en delitos contra la administración de justicia, ejercicio ilícito del servicio público y uso ilegal de fondos, además de la presunta intervención de Piña a favor de la candidata presidencial, Xóchitl Gálvez, en el proceso electoral. El exministro ha calificado estas acciones como un ataque a las instituciones democráticas.

Las denuncias también serán presentadas ante otras instituciones como el Instituto Nacional Electoral (INE), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade). En total, se interpondrán dos denuncias ante la FGR, dos ante la Fepade, una ante el INE, una más ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), otra ante la Corte y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), además de la solicitud de juicio político.

Por su parte, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, ha anunciado que en los próximos días promoverán el juicio político contra Norma Piña en la Cámara de Diputados.

La controversia entre Zaldívar y Piña surgió luego de que esta última recibiera una denuncia anónima en contra de Zaldívar y otros excolaboradores del PJF. Piña ordenó investigar a dichos exfuncionarios por presuntas conductas irregulares durante su gestión al frente del PJF, lo que ha generado un enfrentamiento político y judicial de gran magnitud.

Zaldívar ha denunciado que estas investigaciones tienen motivaciones políticas para desprestigiar a exfuncionarios del PJF que emitieron criterios favorables al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Además, ha acusado a Piña de violar la normatividad al admitir la denuncia anónima sin respetar el principio de presunción de inocencia y sin presentar pruebas sólidas. La situación promete generar una intensa controversia en el ámbito político y judicial en los próximos días.