El OPLE de Veracruz dio a conocer la erogación de 12 MDP para celebrar posibles debates entre los candidatos a diputados y a gobernador del Estado. Quienes hemos participado como espectadores o candidatos en debates anteriores concordamos en que es un acto desperdiciado y carente de sentido, toda vez que los métodos utilizados son excesivamente rígidos y sosos; el único debate que puede ser atractivo para definir un voto indeciso es entre los candidatos a gobernador del Estado. A diario nos enteramos de absurdas propuestas emitidas por candidatos a diputados, consistentes en promover obras y servicios públicos; demostrando, con ello, el desconocimiento de la Ley Orgánica del Congreso local y la propia Constitución del Estado. Quienes pretenden reelegirse y los que ostentaron en el pasado una curul saben que mienten. 

Las facultades del Congreso local están contenidas en el Artículo 18 de su Ley Orgánica; de las cuales muchas veces los diputados son omisos en su cumplimiento. Por ejemplo, actuar con autonomía para designar al titular de la Contraloría General del Instituto Electoral Veracruzano; a los magistrados del Poder Judicial; a los magistrados del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa; al Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y los Comisionados del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales;designar y remover al Fiscal General del Estado; por mencionar algunas obligaciones donde se observa subordinación al Ejecutivo en turno.

Igualmente, sucede con el incumplimiento de la fracción XXXV del mencionado artículo, toda vez que el sector educativo padece – crónicamente -, mejoramiento en sus edificios y mobiliario al carecer de documentos que acrediten la propiedad de los inmuebles donde están edificadas las escuelas públicas. El poder legislativo “se hace de la vista gorda” y no ordena al Registro Público de la Propiedad y el Comercio facilite el registro de inmatriculaciones de propiedades que, finalmente, son y serán de la SEC. Los diputados no aceptan “Conceder dispensas de ley por causas justificadas o por razones de utilidad pública”, a pesar de que decenas de escuelas han solicitado las dispensas por falta de comprensión de la dirección referida que es parte de la Secretaría de Gobierno (me consta). Es en este tipo de casos en los que se necesita la intervención directa del Gobernador. Es una solución tan sencilla que pudiera hacer recordarlo positivamente.

Otro rubro olvidado por los diputados es el referente a los laudos laborales condenatorios que recaen sobre los ayuntamientos y demás entes públicos. La fracción XIII del citado artículo les mandata “aprobar las leyes que contengan las bases normativas conforme a las cuales los ayuntamientos elaborarán y aprobarán su presupuesto de egresos, (…); sin embargo, ninguna ley de egresos municipales incluye el pago de los laudos dentro de sus pasivos, a pesar de ser un mandato judicial (¡claro, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje parece un elefante blanco!, nadie lo pela). El congreso local es omiso y cómplice de tal violación de derechos humanos.

Una cuestión muy comentada en los pasillos del propio congreso local y en los ayuntamientos es la concerniente a la “negociación de indulgencias” cuando estos últimos incumplen con la correcta aplicación de los recursos públicos. “Se dice” que se “catafixean” los ayuntamientos incumplidos; de tal manera que, si A es gobernado por el PRI, B lo es de morena, C es del PAN, las fracciones partidistas “se ponen de acuerdo” para intercambiar “indulgencias” y los incumplidos quedan sin sanción. Si fuese cierto, ¿a cambio de qué lo hacen?

Estos temas son olvidados en “los debates”. La mayoría de los nuevos aspirantes a una curul “proponen” nuevas leyes y/o reformas, pero ninguno propone el cumplimiento de las existentes. En nuestro Estado existen casi 200 lineamientos legales que regulan nuestras conductas. ¡No son necesarias más! Por eso los debatientes, en sus propuestas de “nuevas leyes” descubren su desconocimiento al ignorar que lo propuesto, muchas veces, ya existe. 

Los debates continuarán siendo un despilfarro del erario público de no cambiar los formatos y/o métodos y al excluir la libre expresión sobre temas importantes para la sociedad. 

Otro sí digo. – Marzo casi termina y el congreso no informa de los programas de inversión para el presente año presentados por los ayuntamientos que deberán incluir los pasivos a pagar por laudos condenatorios.