CDMX/ A poco más de dos meses de que los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tomen posesión, el máximo tribunal del país acumula al menos mil 228 asuntos pendientes, que serán heredados a la próxima integración judicial en medio de la entrada en vigor de la controvertida Reforma Judicial.

Entre los casos más relevantes que quedarán sin resolver figuran los adeudos fiscales del empresario Ricardo Salinas Pliego, el doble cobro de IVA a maquiladoras del programa IMMEX, así como controversias sobre el financiamiento del aborto, derechos de infancias trans, venta de chatarra en universidades, y la extinción de organismos autónomos.

De acuerdo con información interna obtenida por El Sol de México, hasta el momento 428 asuntos no cuentan con proyecto de resolución, lo que implica que deberán ser analizados desde cero por los nuevos ministros. Del total de expedientes en rezago, 111 están bajo responsabilidad de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, quien permanecerá en el cargo, 102 de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, 79 de Lenia Batres Guadarrama, también reelecta, y 46 de Juan Luis González Alcántara Carrancá, quienes encabezan la lista de mayor retraso.

El pleno de la Corte y sus dos salas resolvieron 4,299 asuntos en 2023, y 3,853 en lo que va de 2024, cifras que contrastan con la carga que tendrán que asumir los nueve nuevos ministros, quienes reemplazarán a la actual composición de once integrantes a partir del 1 de septiembre, según establece la reforma aprobada este año.

Uno de los desafíos será el cumplimiento del artículo 17 de la nueva legislación, que obliga a la SCJN a resolver cualquier asunto en un plazo máximo de seis meses desde que sea turnado oficialmente a un ministro ponente.

La nueva composición, encabezada por el ministro Hugo Aguilar Ortiz, quien se convertirá en el sexto presidente indígena en la historia de la SCJN, enfrentará un inicio bajo intensa presión. Aguilar será acompañado por ocho nuevos integrantes electos en los comicios del 1 de junio.

Fuentes del Poder Judicial revelaron que ya se discute un acuerdo interno para formar grupos de trabajo que operen de manera similar a las salas actuales, con el objetivo de distribuir la carga judicial y acelerar el análisis de los expedientes rezagados y los que sigan ingresando diariamente.

Entre los casos que deberán retomar en septiembre destaca el de Elektra, Total Play y TV Azteca, empresas de Salinas Pliego con deudas fiscales millonarias, y el de las maquiladoras, que alegan un impacto por más de 16 mil millones de pesos ante un supuesto doble cobro del IVA.

Además, sigue pendiente la revisión de la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como del amparo promovido por la organización R3D contra la creación del Banco de ADN para fines forenses, por presunta violación al derecho a la privacidad y la protección de datos personales.

Uno de los temas más esperados es la decisión sobre la prisión preventiva oficiosa, que, según el calendario judicial, podría resolverse en la penúltima sesión de la actual Corte, el próximo 5 de agosto. No obstante, fuentes del tribunal advierten que las presiones desde la Fiscalía General de la República, fiscalías estatales y el propio Gobierno Federal podrían modificar los tiempos o el rumbo del fallo.

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Para el académico Javier Martín Reyes, el reto es monumental: “Los nuevos ministros enfrentarán una curva de aprendizaje en medio de una carga judicial histórica. La presidencia de Hugo Aguilar será especialmente desafiante por la expectativa que genera esta nueva etapa de la Corte", advirtió.

Mientras tanto, la Oficialía de Partes de la SCJN sigue recibiendo nuevos asuntos que, de forma automática, serán turnados a la próxima integración, marcando así el inicio de una etapa inédita en el Poder Judicial de la Federación.