• Determina que el despliegue en redadas migratorias violó la Constitución
• La medida responde a una demanda presentada por el gobernador Gavin Newsom

California, EU/ Un juez federal ordenó este jueves al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, devolver el control de la Guardia Nacional al estado de California, al considerar que su despliegue en operaciones de inmigración fue ilegal y violó la Décima Enmienda de la Constitución.

La orden, emitida por el juez de distrito Charles Breyer, entrará en vigor al mediodía de este viernes y establece que la intervención presidencial excedió los límites legales al enviar cerca de cuatro mil elementos de la Guardia Nacional a Los Ángeles sin el consentimiento del gobierno estatal, en medio de protestas por redadas de inmigración.

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El gobernador de California, Gavin Newsom, promovió la demanda que derivó en esta resolución, al señalar que las tropas habían sido desplegadas originalmente para resguardar instalaciones federales, pero se les redirigió a apoyar directamente a agentes de inmigración. Argumentó que esta colaboración solo agravaba las tensiones y generaba un entorno propicio para los disturbios civiles.

En respuesta, la administración californiana también presentó una moción de emergencia solicitando que las tropas no pudieran participar en redadas ni brindar seguridad a las autoridades migratorias.

Según el general de división Scott Sherman, comandante de la Fuerza de Tarea 51 a cargo del contingente en Los Ángeles, al menos 500 elementos de la Guardia Nacional ya habían sido capacitados para acompañar a agentes migratorios en operativos. De hecho, las autoridades federales habían difundido imágenes de soldados prestando apoyo durante detenciones.

El fallo del juez Breyer señala que la Casa Blanca no cumplió con el procedimiento legal adecuado para federalizar a la Guardia Nacional. Hasta el momento, la administración Trump no ha emitido comentarios sobre la decisión judicial.

La medida abre un nuevo frente en el conflicto entre el gobierno federal y los estados que han rechazado colaborar con políticas migratorias más agresivas impulsadas desde Washington.