• La alcaldesa Karen Bass decretó una emergencia local tras el saqueo de 23 negocios; el toque de queda abarca una zona de 2.59 km²
• Organizaciones civiles reportan más de 300 migrantes detenidos en California en operativos recientes

California, EU/ Ante el aumento de la violencia en las protestas provocadas por las recientes redadas migratorias, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, decretó un toque de queda en una zona del centro de la ciudad con el objetivo de “detener el vandalismo, detener el saqueo”, luego de que al menos 23 negocios resultaran afectados por actos de rapiña.

La medida se anunció la noche del martes durante una conferencia de prensa, en la que Bass declaró una emergencia local. El toque de queda estará vigente de las 20:00 horas del martes a las 06:00 horas del miércoles y se aplicará en un área de 2.59 kilómetros cuadrados donde las protestas han escalado desde el viernes 6 de junio.

“El comportamiento ilegal y peligroso ha ido en aumento desde el sábado”, advirtió el jefe de policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, quien calificó la medida como necesaria “para proteger vidas y salvaguardar la propiedad”.

El toque de queda excluye a residentes de la zona, personas en situación de calle, medios de comunicación acreditados y personal de servicios de emergencia y seguridad.

La tensión en la ciudad se ha intensificado tras las redadas migratorias implementadas en California por el gobierno del presidente Donald Trump. De acuerdo con estimaciones de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA), al menos 300 inmigrantes han sido detenidos en los últimos días, principalmente trabajadores de la ciudad.

Angélica Salas, directora de CHIRLA, calificó las redadas como “algo nunca antes visto” en sus más de 30 años de defensa a los migrantes. Organizaciones y abogados han denunciado que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) ha bloqueado el acceso legal a los detenidos.

El Gobierno de México confirmó la deportación inmediata de al menos cuatro connacionales, dos de ellos con órdenes de deportación y otros dos que optaron por salir del país voluntariamente. Otros 45 mexicanos permanecen en distintos centros de detención.