CDMX/ La Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) exhortó a las autoridades mexicanas a reconsiderar la continuidad del modelo de elección judicial mediante voto popular, tras observar el proceso electoral del pasado domingo en el país.

En su informe preliminar, la misión expresó su preocupación por el bajo nivel de participación ciudadana, que alcanzó apenas el 13%, uno de los registros más bajos en la región para una jornada electoral. Además, se destacó un elevado porcentaje de votos nulos y no marcados, lo que, a juicio de los observadores, pone en entredicho la eficacia de este mecanismo de designación.

“La ciudadanía y las instituciones mexicanas deberán evaluar si el modelo actual de selección de autoridades judiciales a través del voto popular —que no tiene precedentes a nivel mundial— contribuye a fortalecer los principios fundamentales de la administración de justicia, o si, por el contrario, debilita la transparencia, imparcialidad, eficacia e independencia del Poder Judicial”, señala el documento.

El reporte de 37 páginas, presidido por el excanciller chileno Heraldo Muñoz Valenzuela, recaba las observaciones de una delegación integrada por 16 personas de 10 nacionalidades. Los integrantes de la misión se desplegaron en el país desde el 24 de mayo y sostuvieron encuentros con autoridades del Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral, el Poder Judicial, la Secretaría de Gobernación, la Fiscalía General de la República (FGR), así como con candidaturas y organizaciones civiles.

Aunque se reconoce que la jornada electoral se desarrolló en un ambiente de tranquilidad y se elogió el desempeño de funcionarios de casilla, la misión considera que este proceso fue “sumamente complejo y polarizante”.

Entre sus principales recomendaciones, la OEA propone:

• Evitar la coincidencia de elecciones judiciales con procesos presidenciales, legislativos y locales.

• Establecer un órgano independiente para evaluar la elegibilidad e idoneidad de las candidaturas judiciales.

• Exigir exámenes técnicos anónimos y criterios públicos de evaluación para todos los aspirantes.

• Fortalecer el control de elegibilidad desde el registro de candidaturas.

• Rediseñar las boletas para mayor claridad, eliminando cualquier mención del poder que propuso a cada aspirante.

• Transparentar los criterios para la definición de circunscripciones electorales.