- Acusan a Morena de operar una estructura para influir en el sufragio mediante uso de tecnología, dádivas y propaganda dirigida

CDMX/ Los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) presentaron denuncias formales ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) y el Instituto Nacional Electoral (INE), por presunta coacción del voto en el marco de las elecciones judiciales del próximo 1 de junio. Acusan al partido Morena y a funcionarios públicos de operar una red de control político que vulnera la legalidad del proceso.

El diputado panista Federico Döring presentó una denuncia penal ante la Fepade en la que señala a legisladores federales y funcionarios del gobierno ligados a Morena de utilizar una plataforma informática administrada por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar. Según Döring, esta herramienta permite registrar y monitorear a ciudadanos que emitirán su voto, lo cual representa una violación al principio de libre sufragio.

Por su parte, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, interpuso una queja ante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, en contra del partido oficialista y su Consejo Nacional, por la supuesta distribución de “acordeones” —documentos con indicaciones sobre por quién votar— que buscan orientar el sentido del voto de manera ilegal.

Moreira advirtió que la participación de Morena en la difusión y financiamiento de propaganda proselitista en la elección judicial contraviene la ley, especialmente al involucrar a servidores públicos como los llamados “servidores de la nación”, quienes, afirmó, han promovido candidaturas utilizando recursos del Estado.

En la misma línea, Luisa Gutiérrez Ureña, dirigente del PAN en la Ciudad de México, denunció ante la Fepade que legisladores de Morena y funcionarios del gobierno local estarían manipulando a ciudadanos para influir en su decisión sobre las candidaturas al Poder Judicial.

Gutiérrez presentó lo que denominó un “kit de irregularidades”, en el que se documentan actos como reuniones en casas particulares organizadas a través de WhatsApp para instruir sobre métodos de persuasión, entrega de recursos públicos mediante cheques oficiales, y distribución de propaganda con instrucciones explícitas de voto.

“Todo apunta a una operación estructurada y deliberada desde el gobierno y Morena, con el uso de tecnología, recursos públicos y promesas de dádivas, incluso para personas que no forman parte de programas sociales”, aseveró la panista.

Ambos partidos exigieron a las autoridades electorales actuar con imparcialidad y celeridad en la investigación, para garantizar la equidad y legalidad del proceso judicial en curso.