Washington D.C./ La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó este viernes al gobierno del presidente Donald Trump a avanzar con la revocación del estatus legal temporal de más de 532 mil migrantes provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. La decisión representa un giro significativo en la política migratoria estadounidense y marca un nuevo capítulo en la agenda restrictiva del mandatario republicano.

El fallo del alto tribunal, de carácter temporal mientras el caso se dirime en una corte de apelaciones, levanta una orden previa de un tribunal inferior que había impedido al gobierno poner fin al programa de permisos humanitarios conocido como “parole”, instaurado por la administración de Joe Biden a finales de 2022.

Las juezas progresistas Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson discreparon de la mayoría. Jackson, respaldada por Sotomayor, advirtió que la suspensión de la orden judicial inferior podría provocar “sufrimiento humano innecesario” y criticó a la mayoría de la Corte por considerar que es “de interés público que las vidas de medio millón de migrantes se desmoronen a nuestro alrededor antes de que los tribunales disidentes decidan sobre sus reclamos legales”.

El programa de “parole” permitía a ciudadanos de los cuatro países solicitantes ingresar legalmente a Estados Unidos por motivos humanitarios, siempre y cuando contaran con un patrocinador en el país. Les otorgaba además autorización para trabajar por un período de dos años, sin opción de renovación.

En marzo, y en cumplimiento de una orden ejecutiva de Trump que instruía la cancelación de todos los programas de libertad condicional, la secretaria de Seguridad Nacional interina, Kristi Noem, anunció la terminación del programa CHNV (Cuba, Haití, Nicaragua, Venezuela). Las concesiones vigentes expiraron oficialmente el 24 de abril.

La Casa Blanca argumenta que la eliminación de estos programas es parte de una estrategia para frenar la inmigración irregular, un eje central de la campaña de reelección de Trump para 2024. Sin embargo, la medida ha generado numerosas impugnaciones legales.

Una de ellas fue presentada por 23 personas —incluidos migrantes beneficiarios del CHNV— y una organización sin fines de lucro, que lograron inicialmente frenar la revocación a través de una decisión del tribunal de distrito federal en Massachusetts. Ahora, con la suspensión de esa orden por parte de la Corte Suprema, la administración tiene luz verde para avanzar con la cancelación de las protecciones, al menos mientras continúa el proceso judicial.

Este caso se suma a más de 200 demandas legales que enfrenta el gobierno de Trump por sus políticas migratorias, muchas de las cuales han tensado la relación con el poder judicial federal. En paralelo, el alto tribunal también ha permitido al Departamento de Seguridad Nacional revocar por ahora el estatus de protección temporal para aproximadamente 350 mil venezolanos.

Desde 1952, la ley federal ha permitido otorgar libertad condicional a extranjeros por razones humanitarias, pero la actual administración busca limitar drásticamente el uso de esta herramienta, revirtiendo las políticas implementadas durante la presidencia de Biden.

Con este fallo, la Corte Suprema abre la puerta a una posible ola de revocaciones de estatus legal, dejando en la incertidumbre a cientos de miles de migrantes que, hasta hace poco, contaban con una vía temporal de permanencia legal en territorio estadounidense.