• Consejo General analizará casos impugnados solo si los aspirantes resultan electos
• Senado deberá entregar expedientes completos de los candidatos señalados

Ciudad de México/ El Instituto Nacional Electoral (INE) no anulará de forma anticipada las 26 candidaturas impugnadas por el Congreso de la Unión y exigirá a la Cámara de Diputados y al Senado presentar pruebas suficientes para sustentar sus acusaciones, principalmente contra 18 aspirantes a quienes se señala por no contar con "buena reputación".

El acuerdo, que será aprobado este jueves por el Consejo General, establece que las impugnaciones serán revisadas únicamente después del proceso electoral del 1 de junio y antes de la entrega de constancias de mayoría, programada para el 15 de junio. Esto implica que los cuestionamientos solo serán analizados si los candidatos señalados obtienen el triunfo en las urnas.

“El análisis de elegibilidad solo procederá si resultan ganadores”, señala el documento, en el que se recuerda que la Constitución otorga presunción de cumplimiento a los candidatos, por lo que recae en el Congreso la carga de probar lo contrario.

"Quien goza de una presunción a su favor no tiene que probar", advierte el acuerdo. "Es al accionante (al Congreso) al que corresponde la carga procesal de acreditar que el candidato cuyo registro impugnó no goza de 'buena reputación', con datos objetivos que así lo demuestren".

Además de los 18 casos por presunta falta de reputación, otros ocho aspirantes fueron cuestionados por supuestamente no cumplir con el promedio académico mínimo de ocho requerido para postularse. No obstante, el INE se deslindó de estos señalamientos, al indicar que esa revisión correspondía a los Comités de Evaluación y al Senado durante la etapa de registro.

Por lo tanto, el Consejo General sugiere que, si el Senado tiene pruebas de falsedad en la documentación académica presentada por estos ocho candidatos, deberá presentar las denuncias correspondientes.

El INE también solicitará al Senado los expedientes completos de todos los candidatos impugnados, pues estos fueron recabados por los Comités de Evaluación de los tres poderes de la Unión y cuentan con valor probatorio oficial. Si el Senado no los posee, deberá requerirlos a las dependencias que los integraron.

El proyecto subraya que el único criterio objetivo para descalificar anticipadamente a un candidato es haber sido condenado con sentencia firme por un delito, algo que, hasta el momento, no ha sido acreditado para ninguno de los aspirantes señalados.