• Denuncian que la reforma vulnera la independencia judicial y afecta derechos laborales y de igualdad de género
• Piden reparaciones, medidas de no repetición y protección internacional frente a omisiones del Estado mexicano

Ciudad de México/ Un grupo de al menos 14 personas, entre ellas juezas, jueces y magistrados del Poder Judicial, presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar violaciones a sus derechos derivadas de la reforma judicial impulsada durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que entró en vigor el 15 de septiembre de 2024.

La solicitud fue canalizada a través del Vance Center for International Justice, perteneciente al Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York. Las y los firmantes buscan que se reconozcan las afectaciones sufridas, se otorguen medidas de reparación individual y colectiva, y se garantice que hechos similares no vuelvan a repetirse en la región.

“No pretendemos derogar la reforma ni revertir sus efectos. Esta petición busca proteger derechos fundamentales, obtener reparaciones y fortalecer estándares internacionales de independencia judicial”, explicó María Emilia Molina, magistrada y presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras.

Los peticionarios argumentan que la reforma judicial afectó principios esenciales como la independencia de jueces y magistrados, la igualdad y la no discriminación, al tiempo que instauró un mecanismo de politización de la judicatura bajo el pretexto de hacerla más democrática. Entre los cambios centrales se incluye la elección de jueces mediante voto popular, lo que, según los firmantes, representa una amenaza a la imparcialidad judicial y abre la puerta a la captura política del sistema.

“La reforma, bajo la apariencia de neutralidad, vulnera las garantías de inamovilidad y nombramiento judicial, y se ha aplicado en un entorno de deslegitimación del Poder Judicial y debilitamiento institucional”, indica la petición.

Ante la falta de respuesta efectiva de las autoridades nacionales, los firmantes optaron por acudir al sistema interamericano. “En México no hay mecanismos eficaces de defensa. Hay una política de incumplimiento sistemático de resoluciones judiciales por parte del Ejecutivo y el Legislativo”, subrayó Molina.

La magistrada también detalló que entre las medidas de reparación solicitadas están la reinstalación en sus cargos, pagos compensatorios por sueldos no percibidos y reconocimiento del daño a su salud física y emocional.

Las personas peticionarias incluyen tanto a funcionarios en activo como a quienes fueron separados de sus cargos tras la reforma, provenientes de distintos niveles del Poder Judicial. Cada caso será analizado individualmente por la CIDH.

La Comisión deberá evaluar la admisibilidad de la petición y, en caso de proceder, podrá emitir recomendaciones al Estado mexicano, establecer medidas cautelares, o incluso llevar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“Este procedimiento es largo, pero es un testimonio histórico. Buscamos que se reconozca la gravedad de lo ocurrido y se reparen tanto los daños individuales como el deterioro institucional de la democracia mexicana”, concluyó Molina.