CDMX/ El Senado de la República y la Cámara de Diputados solicitaron formalmente al Instituto Nacional Electoral (INE) la cancelación del registro de 26 candidaturas en las elecciones judiciales programadas para el próximo 1 de junio, al considerar que no cumplen con los requisitos constitucionales de elegibilidad.

Mediante un comunicado conjunto, ambas cámaras del Congreso de la Unión señalaron que 18 de las personas impugnadas no cumplen con el requisito de “gozar de buena reputación”, ya que están vinculadas a investigaciones penales federales vigentes por delitos graves, entre ellos abuso sexual, peculado, amenazas, lesiones y delincuencia organizada.

Además, otras ocho candidaturas fueron objetadas por no alcanzar el promedio mínimo de calificación requerido en licenciatura, establecido en ocho puntos. Según el informe presentado, los promedios documentados van de 7.0 a 7.93, lo cual representa, de acuerdo con los legisladores, un incumplimiento de las bases legales del proceso.

“El informe acredita la existencia de carpetas de investigación y órdenes de aprehensión contra algunas de estas personas”, señala el documento. Asimismo, se advierte que algunos aspirantes han actuado como defensores legales de individuos vinculados al crimen organizado, lo cual podría comprometer su imparcialidad y representa un conflicto de interés.

“La elección por voto popular no exime del cumplimiento de los requisitos éticos y constitucionales para acceder a la función judicial”, afirmó el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna. “La idoneidad no es solo una cuestión legal, sino un imperativo ético para proteger la legitimidad del Poder Judicial”, añadió.

Gutiérrez Luna subrayó que “la exigencia académica no es un trámite, sino un parámetro mínimo de calidad profesional y ética”, al referirse a las ocho candidaturas impugnadas por razones académicas.

Finalmente, los presidentes de ambas cámaras solicitaron al INE proceder a la cancelación de los registros de estas 26 candidaturas, con el objetivo de “preservar la integridad, imparcialidad y confianza pública en quienes serán responsables de impartir justicia en el país”.

Cabe recordar que el pasado 23 de abril, el senador Gerardo Fernández Noroña anunció que se impugnarían ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) una veintena de candidaturas presuntamente ligadas al narcotráfico. Un día antes, el legislador había declarado públicamente que se habían detectado aspirantes que habrían fungido como defensores de narcotraficantes, intentando acceder al Poder Judicial mediante el proceso electoral.

México celebrará el próximo 1 de junio sus primeras elecciones judiciales, en las que 99.7 millones de ciudadanos están llamados a votar para elegir a 881 cargos, entre más de 3 mil 400 aspirantes. Esta histórica jornada incluye la renovación de la Suprema Corte de Justicia, el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y el Tribunal Electoral. Las campañas, iniciadas el 30 de marzo, concluirán el 28 de mayo y se han visto marcadas por alertas de posibles injerencias del Poder Ejecutivo y del crimen organizado, según han advertido organismos internacionales, asociaciones civiles y autoridades judiciales.