• Nueva ley endurece penas por tráfico ilegal de armamento 
• Se fortalece el control de armas bajo supervisión del Ejército mexicano

Ciudad de México/ Con 105 votos a favor y sin discusión, el Senado de la República aprobó reformas a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos que permitirán la portación legal de armas a personal directivo de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), así como del Banco de México, Casa de Moneda y otros órganos autónomos.

La reforma establece un nuevo marco jurídico para el uso, control y registro de armamento, con el objetivo de fortalecer la seguridad institucional y al mismo tiempo promover la cultura de la paz y el desarme. De acuerdo con el dictamen, la portación estará sujeta a los lineamientos que emita la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), autoridad encargada de autorizar y supervisar el uso de armas en estos organismos.

????El Senado aprobó reformar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para establecer un nuevo marco jurídico de equipamiento y accesorios, que procure la cultura de la paz y el desarme. pic.twitter.com/JXz0P1zYaN

— Senado de México (@senadomexicano) April 30, 2025

Entre los puntos clave de la nueva normativa se prohíbe expresamente que civiles utilicen vehículos blindados modificados para portar armas, y se actualiza el catálogo de armamento exclusivo del Ejército. También se establece que toda persona que registre un arma deberá designar a un responsable legal para su trámite en caso de fallecimiento, a fin de definir su destino final.

Adicionalmente, los tres niveles de gobierno deberán implementar campañas permanentes de desarme voluntario y acciones para fomentar la cultura de paz.

En la misma sesión, el Pleno del Senado aprobó por unanimidad penas de hasta 45 años de prisión y multas superiores a 339 mil pesos a quienes introduzcan ilegalmente al país armas, municiones, cargadores o explosivos de uso exclusivo del Ejército. Las sanciones más severas aplicarán a servidores públicos, integrantes de corporaciones policiales, elementos de las Fuerzas Armadas y personal de seguridad privada involucrado en estas conductas.

“Esta legislación no busca criminalizar a quienes poseen armas conforme a derecho, busca cerrar los espacios de impunidad para quienes abusan de este derecho y fortalecen las cadenas de violencia”, afirmó Ana Lilia Rivera, presidenta de la Comisión de Defensa Nacional.

La senadora subrayó que la reforma atiende la proliferación de armas “hechizas” o de difícil trazabilidad, con medidas específicas que fortalecen el marco legal de seguridad en el país. El dictamen fue turnado al Ejecutivo federal para su promulgación.