• Fiscalía pretende concluir investigación pese a pruebas y amparo judicial
• Veracruz encabeza lista nacional de víctimas de tortura, según datos oficiales

Veracruz, Ver./ Diversas organizaciones de derechos humanos condenaron la inminente decisión de la Fiscalía General del Estado (FGE) de cerrar la investigación por tortura cometida contra Diego, un hombre indígena ñuhú de la sierra norte de Veracruz. La acción, señalaron, refuerza un patrón de impunidad en el estado ante denuncias graves de violaciones a derechos humanos.

El caso se remonta al 29 de mayo de 2023, cuando Diego presenció un homicidio. Al día siguiente fue trasladado por policías ministeriales para rendir declaración, pero en lugar de garantizarle protección como testigo, fue víctima de tortura. Según su denuncia, los agentes lo presionaron para incriminar a otra persona.

El testimonio de Diego fue tergiversado, redactado en español –sin respetar su derecho a declarar en su lengua materna, el ñuhú– y usado posteriormente como base para detener a un presunto responsable, a quien él nunca señaló como autor del crimen.

Con el acompañamiento del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y el Comité de Derechos Humanos de la Sierra Norte de Veracruz, Diego presentó su denuncia formal en junio de 2023. La carpeta de investigación, identificada como XAL/FIM/FEIDT/219/2023, permaneció estancada por meses, sin diligencias relevantes, hasta que un amparo judicial obligó a la Fiscalía a reactivar el caso. No obstante, el pasado 25 de marzo de 2025, las autoridades notificaron su intención de cerrarlo, ignorando tanto el testimonio ratificado como peritajes clave.

El expediente también es investigado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Veracruz (CDHV) bajo el número DAI/0161/2023, con el apoyo de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) para la aplicación del Protocolo de Estambul, un mecanismo internacional para documentar tortura.

Este caso no es un hecho aislado. Según el Registro Nacional del Delito de Tortura (RENADET), Veracruz ocupa el segundo lugar nacional en número de investigaciones por tortura (2,441 entre 2019 y 2024) y el primero en número de víctimas (4,061). Las personas indígenas figuran entre los grupos más vulnerables y la Policía Ministerial es la autoridad más señalada como perpetradora.

Las organizaciones exigieron a la Fiscalía que no cierre el caso sin agotar todas las diligencias, que garantice una investigación con enfoque intercultural y que se abstenga de utilizar declaraciones obtenidas bajo coacción. “La tortura no puede seguir siendo ignorada ni encubierta por las propias instituciones encargadas de impartir justicia”, sentenciaron.