Ciudad de México/ Las bancadas de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México exigieron este miércoles la renuncia de Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La demanda surge a raíz de acusaciones de que Piña quebrantó la autonomía del Poder Judicial y cometió delitos de extorsión e intervención en procesos electorales.

El diputado petista Benjamín Robles Montoya afirmó que “Norma Piña quebrantó la autonomía del Poder Judicial; cometió el delito de extorsión en contra de los magistrados electorales, intervino en el proceso electoral y todas esas son causas graves suficientes para que presente su renuncia”. Además, Robles Montoya señaló que Piña muestra simpatía hacia partidos de oposición y ha hostigado a magistrados desde su posición.

En sus declaraciones, Robles Montoya fue aún más duro, al comparar a Piña con una figura criminal: “Norma Piña parece más una extorsionadora o una sicaria que una judicial; quizás más que poder judicial, con Norma Piña podríamos llamarle el cártel judicial”.

Por su parte, un legislador de Morena instó a la ministra a renunciar, sugiriendo que debería seguir el ejemplo de Arturo Zaldívar si su intención es unirse a un movimiento político, haciendo referencia a su supuesta relación con el dirigente del PRI, Alejandro “Alito” Moreno. “El Poder Judicial ha sido mancillado por su propia presidenta”, señaló.

La semana pasada, se reportó que en diciembre pasado, Norma Piña organizó una cena privada con magistrados electorales, a la que asistieron figuras clave como Alejandro Moreno y Santiago Creel, quien ya actuaba como jefe de campaña de Xóchitl Gálvez. Salvador Frausto, director de investigaciones de Milenio, informó en Aristegui En Vivo sobre la presencia de los magistrados electorales Felipe de la Mata, Mónica Soto y Felipe Fuentes en dicha reunión.

Estas acusaciones y la fuerte presión política han puesto a Norma Piña en el centro de una polémica que cuestiona la integridad y autonomía del Poder Judicial en México. La demanda de renuncia refleja la creciente tensión entre los poderes del Estado y la importancia de mantener la independencia judicial en el contexto de un año electoral crucial.