Lima, Perú/ Este miércoles, el expresidente peruano Alberto Fujimori fue liberado de la cárcel “Barbadillo” en Lima, siguiendo una orden del Tribunal Constitucional (TC) que restituyó los efectos del indulto otorgado en 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. La liberación de Fujimori se llevó a cabo a pesar de la reciente solicitud de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que instó a las autoridades peruanas a abstenerse de liberarlo para garantizar justicia para las víctimas de violaciones a los derechos humanos.

La CorteIDH había emitido una resolución en la que pedía al Estado peruano que se abstuviera de ejecutar la orden del Tribunal Constitucional de liberar “inmediatamente” a Alberto Fujimori, destacando la importancia de garantizar el acceso a la justicia para las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta.

El Tribunal Constitucional había restablecido el indulto de Fujimori el día anterior, generando controversia y desacato a las resoluciones previas de la CorteIDH. La liberación de Fujimori podría causar “daño irreparable a los derechos de acceso a la justicia de los familiares” de las víctimas, según los representantes de estas.

Alberto Fujimori, de 85 años, cumplía una condena de 25 años por delitos de lesa humanidad relacionados con las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta. Además, enfrenta otro proceso por esterilizaciones forzosas durante su gobierno. Su liberación fue esperada con entusiasmo por sus simpatizantes, mientras que las familias de las víctimas protestaron por el fallo del TC.

La liberación se produce a pesar de la delicada situación de derechos humanos que rodea a Fujimori y su condena por crímenes de lesa humanidad. La decisión del TC peruano desafía las resoluciones internacionales y plantea interrogantes sobre el respeto a los derechos humanos en el país andino.