Ciudad de México/ El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) dio a conocer que, según un análisis de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), 27 de las 35 universidades públicas estatales en México presentan deficiencias e irregularidades en el manejo de recursos públicos que ascienden a 1,700 millones de pesos. Estos hallazgos, que afectan a 7 de cada 10 instituciones, surgieron a partir de señalamientos de la ASF respecto a aclaraciones pendientes, falta de reintegración de recursos a la Federación, y problemas en la entrega de comprobantes, entre otras fallas.

“Las deficiencias en la gestión de los recursos públicos tienen repercusiones directas en el rendimiento de 85 mil docentes y la calidad educativa que estas instituciones pueden ofrecer a más de 1.7 millones de estudiantes matriculados”, expresó el IMCO en un comunicado.

Las universidades con los montos más significativos de irregularidades son la Universidad de Coahuila, con un registro irregular de 613 millones de pesos, la de Nayarit con 431 millones de pesos, la de Nuevo León con 210 millones de pesos y la de Sinaloa con 128 millones de pesos.

Entre las irregularidades detectadas se destaca que el 92 por ciento del monto señalado por la Auditoría “tiene aclaraciones pendientes”. Además, se identificaron problemas en el reporte y reintegración de recursos a la federación, lo que implica que no se registraron oportunamente los gastos realizados con ese dinero.

Ejemplos específicos de irregularidades incluyen la falta de reintegro oportuno de recursos no comprometidos por parte de la Universidad del Carmen en Campeche y la omisión de acreditar el ISR retenido a los trabajadores por parte de la Universidad Autónoma de Coahuila.

El IMCO también resaltó la falta de información contable en varias universidades, como la Universidad Autónoma de Nayarit, que no entregó documentos sobre la atención médica del personal universitario, y la Universidad Autónoma de Nuevo León, que no proporcionó comprobantes fiscales de pagos a la CFE.

Adicionalmente, se identificaron fallas en los sistemas de nómina de al menos seis universidades, las cuales ahora están obligadas a transparentar el costo del personal docente, no docente, administrativo y manual. La ASF también detectó deficiencias en los reportes que algunas universidades públicas presentan a la SEP, siendo un ejemplo la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que no presentó los gastos con recursos federalizados por 3.7 millones de pesos.