Xalapa, Ver./ Manlio Fabio Casarín León, investigador de la Universidad Veracruzana (UV), señaló que la buena administración pasó de ser un principio programático de política pública relacionado con la eficacia y eficiencia, para convertirse en un derecho exigible que impone obligaciones puntuales a las administraciones públicas, sobreponiéndose a otros derechos garantizados por la Constitución y las leyes. 

El académico adscrito al Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) y docente de la Facultad de Derecho, fue ponente en el Seminario Internacional de Derechos Humanos y Justicia, organizado por el Sistema de Enseñanza Abierta (SEA), en donde el lunes 24 de enero habló sobre “La justiciabilidad del derecho fundamental a la buena administración en México”. 

En su exposición, expresó que desde su perspectiva el derecho a una buena administración no solamente se integra por elementos procedimentales, incluye una dimensión sustantiva en donde las relaciones de las administraciones públicas con los ciudadanos deben atender principios de imparcialidad, razonabilidad, equidad, objetividad, congruencia, coherencia, proporcionalidad, ausencia de discriminación y responsabilidad, elementos que se traducen en reglas específicas para garantizar la dignidad de las personas y sus derechos. 

El también consultor de instituciones públicas y privadas, tanto nacionales como del extranjero, refirió que hace más de 10 años se reformó la Constitución mexicana, a fin de reconocer e incorporar un bloque de derechos humanos (DDHH) que imponen deberes y obligaciones concretos, reconducidos a garantizar las libertades fundamentales, así como el bienestar y calidad de vida digna de las personas. 

“Vemos con mucha preocupación que en materia de derecho se van presentando escenarios que lejos de contribuir a resolver los problemas los están agudizando”, dijo el investigador y mencionó algunos casos como “el desmantelamiento de las administraciones públicas, opacidad en el manejo de los recursos públicos, dificultades y restricciones impuestas para garantizar derechos como el acceso a la información y libertad de expresión, nombramiento de servidores públicos sin el perfil e idoneidad, así como prácticas de nepotismo en los tres niveles de gobierno”. 

Consideró que a esto se debe agregar el histórico déficit democrático en el país, que desde su perspectiva requiere de un diseño normativo-institucional con estructuras debidamente articuladas, que da paso la necesidad de que se reconozca e incorpore el derecho fundamental a una buena administración. 

Para concluir, Casarín León dijo que el derecho a la buena administración debe impactar positivamente en el conjunto de mecanismos e instrumentos de gestión pública, que requieren dejar atrás la improvisación y el cortoplacismo, así como la prevalencia de la ideología sobre la evidencia y el conocimiento científico, además del histórico efecto clientelar que tanto daño ha generado a la sociedad mexicana en el pasado y, lamentablemente, también en el presente.