El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) publicó esta semana su Índice de Competitividad Estatal (ICE) 2025, y los resultados para Chiapas no fueron alentadores: la entidad se posicionó en el último lugar del ranking nacional, repitiendo una tendencia de años anteriores y encendiendo alertas sobre los desafíos estructurales que enfrenta el estado.

El estudio del IMCO confirma un patrón que se ha repetido durante años: el norte y el centro industrializado del país continúa superando con creces al sur en desarrollo económico, innovación y calidad institucional.

Fueron evaluadas las 32 entidades del país con base en 53 indicadores agrupados en seis rubros clave como economía, educación, infraestructura, innovación, estado de derecho y medio ambiente.

Los resultados del análisis muestran la desigualdad económica y regional que ha caracterizado a México desde el siglo XIX y que, pese a los grandes proyectos de los gobiernos emanados de la Revolución, sigue prácticamente igual: Las entidades más competitivas del país son: la Ciudad de México, Baja California Sur, Nuevo León, Jalisco y Aguascalientes; estas entidades sobresalen por su infraestructura avanzada, dinamismo económico, acceso a servicios financieros y capacidad para atraer inversión extranjera directa. Además, presentan mejores condiciones de seguridad, mayor participación laboral femenina y ecosistemas más sólidos de innovación y emprendimiento.

En el otro extremo del listado se encuentran: Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Zacatecas. Son los estados con menor competitividad y comparten características como baja calidad educativa, alta informalidad laboral, limitada infraestructura y problemas de gobernanza. Aunque algunos presentan fortalezas en temas ambientales o sociales, su entorno económico y de seguridad aún representa un obstáculo para el desarrollo.

En el caso de Chiapas, está en el último lugar de la tabla, con una puntuación baja en casi todos los subíndices. Los factores que más incidieron en su posición fueron: Baja calidad educativa y rezago en cobertura escolar; alta informalidad laboral (superior al 70%); debilidad institucional, reflejada en baja confianza ciudadana en las autoridades y percepción de corrupción; infraestructura deficiente, tanto en conectividad como en servicios públicos; alta marginación social, con los niveles más altos de pobreza multidimensional del país.

Esta combinación limita gravemente el potencial del estado para atraer inversión productiva, retener talento joven y generar empleos formales y bien remunerados.

La entidad, señala el estudio del IMCO, se ubicó en la última posición dentro de la categoría de competitividad muy baja, con resultados rezagados en los subíndices de Sociedad y Medio Ambiente, Infraestructura y Mercado de trabajo. Presentó la menor cobertura educativa a nivel secundaria (tasa bruta de 80%) y la esperanza de vida más baja (73 años). En el sector salud, registró la menor disposibilidad de camas hospitalarias (0.4 por cada mil habitantes) y personal médico con especialidad (0.56 por cada mil habitantes).

En conectividad, fue la entidad con el menor porcentaje de viviendas con acceso a internet (31%) y telefonía móvil (84%), además de ubicarse en la penúltima posición en cobertura financiera, con 49 terminales punto de venta y 5 mil 578 contratos de banca móvil por cada diez mil adultos.

En el mercado laboral, la entidad tuvo el ingreso promedio más bajo entre trabajadores de tiempo completo ($ 7 mil 059 mensuales), el menor nivel de escolaridad promedio en la población de 25 años o más (7.56 años) y la segunda menor proporción de personas con educación técnica o superior (16%).

Su mejor desempeño se observó en el subíndice de Sistema político y Gobierno, donde se ubicó en la séptima posición. En este ámbito destacó por estar entre las diez entidades con el menor costo promedio de deuda (tasa de interés de 9.19%) y por registrar una participación electoral superior al 60% de la lista nominal en los últimos comicios. 

  A pesar de los retos, Chiapas posee ventajas estratégicas que pueden convertirse en motores de desarrollo si se gestionan adecuadamente: Una posición geográfica clave en la frontera sur, con potencial para el comercio y la cooperación regional; riqueza natural y cultural para detonar el turismo sustentable; recursos hídricos y energéticos que podrían impulsar proyectos de energía limpia y una población joven que, con educación y oportunidades, puede transformarse en una fuerza de cambio.

En enero de este año, el gobierno federal presentó el Plan México, su estrategia de política industrial insignia. Esta busca posicionar al país entre las diez economías más grandes del mundo para 2030. Para lograrlo, propone incrementar la inversión pública y privada, formar profesionistas y técnicos, simplificar la carga regulatoria para hacer negocios y aumentar el contenido nacional de las exportaciones, entre otros ejes estratégicos.

Ante este panorama, destacó el IMCO, los estados juegan un papel clave en el éxito de la política industrial y deben estar preparados para aprovechar el Plan México para detonar la inversión productiva y elevar la calidad de vida de sus ciudadanos. Para lograrlo, requieren de excelencia logística, abundancia energética, capacidad de innovación, talento y un sólido Estado de derecho.