La presidenta Claudia Sheinbaum enfrentó su primer roce diplomático internacional tras una polémica incursión de policías estatales de Chiapas, identificados como la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, al territorio guatemalteco, donde se registró un enfrentamiento en el que fueron abatidos cuatro presuntos sicarios, entre ellos Baldemar Calderón Carrillo, alias “el Tío Balde”, presunto jefe del cartel Chiapas Guatemala que operaba en la zona fronteriza. 

Durante la conferencia matutina del martes, en donde se presentaron los resultados en la estrategia de seguridad nacional, Sheinbaum rechazó categóricamente cualquier intención del gobierno mexicano de violar la soberanía de Guatemala, calificando el hecho como un “acto no autorizado” y prometiendo una investigación exhaustiva.

Puntualizó: “No debe ocurrir que fuerzas mexicanas, policías en este caso de Chiapas entren a Guatemala; no se puede violentar la soberanía de un país. Entonces, en eso no estamos de acuerdo y esos policías deben ser sancionados”.

La presidenta informó que el caso fue tratado durante la reunión del gabinete de Seguridad realizada el martes, y que solicitó a las autoridades competentes profundizar en las investigaciones con el fin de esclarecer los hechos y determinar las circunstancias del operativo realizado el domingo en la zona fronteriza.

“Entonces, esta es nuestra posición – señaló Sheinbaum -, más allá de las escenas que se vieron en algunos videos el día de ayer, pero cada quien debe trabajar en su propio territorio y establecer las formas de coordinación. Y si hay alguna denuncia en particular, que se vean a este nivel de coordinación de seguridad entre los dos países”.

El gobierno de Guatemala, a través de su ministerio de Relaciones Exteriores, entregó una nota de protesta dirigida a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, en donde señaló que “esta incursión al territorio guatemalteco, en zona urbana y comercial, fue llevada a cabo fuera de los mecanismos de coordinación de seguridad ente los dos países, puso en peligro la vida de civiles, y no contribuye a las relaciones de buena vecindad entre Estados”.

Por su parte, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, quien presuntamente había acusado a las autoridades guatemaltecas de estar coludidos con el crimen organizado, se reunió el martes con el embajador de Guatemala, Edgar Armando Gutiérrez Girón, para hablar sobre “diversos temas de salud y coincidimos en retomar la Mesa de Seguridad Binacional entre México y Guatemala”, señaló en sus redes el mandatario chiapaneco.

Este episodio ha reavivado el debate sobre cómo garantizar la seguridad en la frontera sur de México sin escalar tensiones diplomáticas, considerando que ya en el pasado se han registrado incidentes con las autoridades guatemaltecas e incluso se han tensado las relaciones – debido a las incursiones de los kaibiles en los campamentos de refugiados en los años ochenta del siglo pasado – o se ha llegado a la ruptura, como sucedió en 1958 cuando unos pescadores mexicanos fueron atacados por aviones chapines.

El gobierno mexicano no puede ser omiso o tolerar esa incursión de los Pakales mexicanos en territorio guatemalteco, aún justificando la acción como un golpe contundente contra la delincuencia organizada, ya que la presidenta Sheinbaum ha mantenido una valiente defensa de la soberanía mexicana ante los intentos del gobierno estadounidense, encabezado por Donald Trump, se intervenir en territorio mexicano para combatir a los grupos de narcotraficantes.

El enfrentamiento registrado el pasado domingo tiene como antecedente la emboscada del pasado 2 de junio, cuando cinco policías estatales fueron emboscados y asesinados en el municipio de Frontera Comalapa, a la altura de Las Champas, por un grupo criminal. Ante este cobarde ataque, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez prometió justicia y una respuesta firme, al tiempo que ordenó un fuerte despliegue policiaco en la frontera sur.

A pesar de que el gobierno de Guatemala ha negado cualquier vínculo entre sus fuerzas de seguridad y grupos criminales, videos difundidos en redes sociales muestran a elementos del Ejército y de la Policía Nacional Civil (PNC) sin intervenir durante el enfrentamiento entre los sicarios y los Pakales.

Incluso un portal de Los Ángeles Press señaló que “Guatemala enfrenta tormenta diplomática con Estados Unidos y México por presunta protección a sicarios que mataron a policías” y hace referencia las imágenes difundidas por los videos.

El Ministro de la Defensa de Guatemala, Henry David Sáenz Ramos, negó que los soldados hayan participado activamente en el enfrentamiento, afirmando que su presencia en el lugar fue “fortuita” y que se abstuvieron de actuar “para evitar víctimas civiles”. No obstante, las imágenes contradicen esta versión.

La declaración no ha calmado los ánimos. Por el contrario, ha alimentado las sospechas de encubrimiento y complicidad. Organizaciones civiles y líderes comunitarios en Huehuetenango y La Mesilla exigen una investigación independiente y sanciones para los responsables.