El atentado contra Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial en Colombia ha causado una profunda conmoción a los ciudadanos de ese país latinoamericano, reviviendo el temor de que regresen las terribles épocas de violencia como las que vivieron en las décadas de 1980 y 1990.

El político, de 39 años, miembro del partido conservador Centro Democrático, opositor al presidente Gustavo Petro, intervenía en un acto de campaña el sábado en un barrio de Bogotá cuando recibió varios disparos de un sicario adolescente de 15 años de edad. En la mañana del domingo, se informó que el estado de salud de Uribe Turbay “reviste la máxima gravedad” y que su pronóstico e “reservado” tras ser sometido el sábado a un “procedimiento neuroquirúrgico y vascular periférico”.    En un entorno marcado por la polarización, donde las diferencias ideológicas se viven como enemistades irreconciliables, la política, en lugar de ser un medio civilizado para eliminar la violencia, como señalaba Maurice Duverger, vuelve a convertirse en una guerra de baja intensidad; el cobarde atentado con Uribe  representa una advertencia no sólo para los colombianos, sino también para los mexicanos y estadounidenses, donde el debate político en muchas ocasiones ha degenerado en agresiones verbales e incluso físicas.

Miguel Uribe es hijo de Diana Turbay, periodista y dirigente liberal, secuestrada y asesinada en 1991 durante un intento de rescate por parte del ejército colombiano mientras estaba retenida por orden del narcotraficante Pablo Escobar. Su historia fue narrada por Gabriel García Márquez en Noticia de un secuestro (1996), donde el Nobel colombiano no sólo reconstruyó ese episodio trágico, sino que hizo una radiografía de la violencia que ha padecido Colombia durante décadas y que, para nuestra desgracia, se parece mucho a la que tenemos en México. 

En ese libro, García Márquez utiliza el reportaje periodístico para describir una sociedad atrapada entre el terror del narcotráfico, la corrupción del Estado y el miedo generalizado. “Los colombianos no sabían si temer más al crimen organizado o al propio gobierno”, escribió. La lectura de este texto es tan vigente hoy como lo fue a finales de los noventa. La diferencia es que ahora los actores cambian, pero el drama persiste: una política que no logra contener el conflicto, sino que lo reproduce e incluso lo agudiza. 

“Colombia revive la pesadilla de los magnicidios con al atentado contra Miguel Uribe”, señaló Juan Esteban Lewin, corresponsal de El País en Bogotá, en un reportaje donde hace referencia a los magnicidios de Jorge Eliécer Gaitán en 1948, Jaime Pardo Leal en 1987, Luis Carlos Galán en 1989, Bernardo Jaramillo en 1990 y Carlos Pizarro en 1990.

En agosto de 1989, escribió el periodista, un Galán gravemente herido tardó en llegar hasta el hospital Kennedy, en Bogotá, y allí los médicos lo encontraron ya muerto. Aunque las elecciones estaban casi tan lejos como ahora, se trataba del aspirante del que era el partido político mayoritario, el Liberal, y un político archiconocido, virtual presidente. Ese asesinato recibía ecos de otro, el del también liberal Jorge Eliécer Gaitán, que el 9 de abril de 1948 se convirtió en un catalizador de una enorme violencia entre conservadores y liberales. Tras el crimen contra Galán no se repitió esa guerra civil no declarada, pero sí continuaron los ataques criminales de los capos narcotraficantes liderados por Pablo Escobar. 

La violencia creció. En marzo de 1990 fue asesinado Bernardo Jaramillo, el candidato de la izquierdista Unión Patriótica, en el aeropuerto de Bogotá. Ya su antecesor, Jaime Pardo Leal, había muerto bajo balas criminales en 1987. Años más tarde se aclaró que los responsables de la muerte de Jaramillo fueron los paramilitares, pero la vorágine era tal que se debatió si habían sido Escobar y sus socios, o incluso las guerrillas de las FARC. Al mes siguiente el asesinado fue Carlos Pizarro, quien había llevado a la guerrilla del M-19 a desmovilizarse. La muerte llegó de manos de un sicario suicida: le disparo en pleno vuelo, y era seguro que los escoltas del candidato presidencial responderían. Así fue.

Esas muertes, sumadas a decenas de bombas contra civiles, secuestros y asesinatos, configuran la pesadilla que Colombia enfrenta de nuevo, señala Lewin en su excelente reportaje.  

El atentado contra Uribe Turbay revive la memoria de una violencia que se creía superada. Es también un mensaje preocupante para la democracia: cuando los candidatos se convierten en blancos, cuando el debate se contamina de amenazas, cuando la contienda se mide en agresiones y no en argumentos, el sistema mismo se resiente y peligra con convertirse en un Estado policiaco.