“Cuando pierdes, no pierdes la lección.” – Dalai Lama.

Los resultados del pasado 2 de junio en Poza Rica han expuesto una clara batalla por el control territorial y moral de la política en Veracruz. Una victoria pírrica de Movimiento Ciudadano (MC), obtenida por unos centenares de votos, contrastó con actos de violencia, irregularidades electorales y una presencia explícita de grupos criminales operando en la sombra, en complicidad con estructuras políticas infiltradas.

Fue evidente desde el arranque del cómputo municipal: el OPLE atrajo el conteo ante el cúmulo de denuncias ciudadanas y del propio MC por posibles alteraciones de paquetes.

Se reportaron boletas tachadas, votos nulos inusuales y hasta marcas extrañas. Aun así, MC se aferra a una ventaja mínima que, según sus detractores, fue fermentada con el uso del Partido Verde como vehículo para manipular el resultado final y despojar a Morena de una elección altamente disputada.

El periodista Silverio Quevedo Elox no ahorró críticas en su columna del 6 de junio en Imagen de Veracruz, titulada “Movimiento Ciudadano… y de delincuentes”, donde documenta cómo en Poza Rica este partido está “infiltrado por operadores con vínculos con la delincuencia”, principalmente en zonas como Cazones y Coatzintla, e incluso en la propia Cuenca del Papaloapan.

Su análisis describe cómo MC se ha erigido sobre una base territorial ensangrentada, donde el poder se sostiene en el miedo y la cautela, más que en la voluntad ciudadana.

La victoria, de confirmarse, deja un legado inquietante: un MC que presume triunfo, mas respaldado por figuras de dudosa reputación. El coqueteo entre violencia y política tradicional se cristaliza en un municipio que debería ser ejemplo de desarrollo petrolero y social, no de manipulación criminal.

Sin duda, la elección fue cuesta arriba para Morena, pero el contexto demuestra que la oposición no ganó solo por méritos: lo hizo en medio de presión social, intimidación tácita y fallas en los mecanismos de la autoridad electoral.

Si no se toman medidas urgentes para recuperar el control institucional, Poza Rica se encamina a convertirse en un santuario político bajo tutela criminal, como comienza a presumirse que está.

El reto para el gobierno estatal y federal —ya alertados por la misma gobernadora Rocío Nahle, la presidenta Claudia Sheinbaum y el OPLE— es claro: investigar a fondo, deslindar responsables y reconstruir ciudadanía. Exhibir impunidad en esta elección sería avalar una elección cooptada.

Poza Rica no necesita caciques disfrazados de candidatos, ni electorados en manos de delincuentes. Necesita democracia limpia, transparente y sin miedo. Este resultado debería ser una llamada de alerta: cuando las urnas se tiñen de balas, la democracia pierde su esencia.

Al tiempo.

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