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La legislación autoimpuesta por la Universidad Veracruzana desde el nacimiento de su etapa como institución autónoma previó que el Rector fuera elegido por un grupo de notables, reunidos en la Junta de Gobierno.
Serían y son nueve personajes cuya decisión garantizaría la democracia interna de la casa de estudios, puesto que su currículum, su honorabilidad y su propia investidura los llevarían a elegir de entre los aspirantes a quien la comunidad auscultada por ellos durante el proceso de elección hubiera señalado como el más idóneo. Y también el fallo de estos sabios -pensaron quienes plantearon la creación de la Junta- tomaría en cuenta la carrera personal, las capacidades y la preparación del elegido, con el fin de que llegara el mejor.
Quienes idearon esta forma de selección para la máxima autoridad universitaria mostraron su vocación democrática y su mejor voluntad, pero también un cierto grado de ingenuidad, porque no establecieron los límites indispensables para que el proceso no pudiera ser desviado por las ambiciones personales o por la falta de ética, como se corre el peligro de que suceda en esta sucesión.
Ingenuos, y poco expertos en el uso del idioma, porque en la redacción de las leyes dejaron resquicios a la interpretación por el uso de términos ambiguos, que ahora un grupo de anti-demócratas -encabezado por el Rector actual, un personaje grisáceo que responde, las pocas veces que lo hace, al nombre de Martín Aguilar- pretende aprovechar para consolidar un golpe de Estado que le regale otros cuatro años a quien no mostró en su primer periodo ninguna capacidad y menos liderazgo para llevar a la UV por los mejores caminos de la calidad y el reconocimiento.
A casi cuatro años de que se cumpla su mandato, Martinillo entrega muy malas cuentas porque nuestra ilustre institución de educación superior, otrora orgullo de los veracruzanos, ha retrocedido en todos los indicadores de calidad y ha perdido el lugar de excelencia que tenía en el concierto de la educación superior internacional.
Este rectorcito está moviendo los hilos para que las nueve personas que forman la Junta de Gobierno actual decidan en contra de los deseos de la comunidad universitaria, tuerzan la ley ignominiosamente y lo designen graciosamente como un rector prorrogado.
Los tres distinguidos ex rectores de la era de la autonomía, una decena de ilustres ex consejeros de la Junta de Gobierno -José Sarukhán, Diego Valadez, Eduardo Matos Moctezuma, Ricardo Corzo, Alberto Olvera y Adalberto Tejeda Martínez entre otros prestigiadísimos nombres-, tres aspirantes a participar en la sucesión rectoral y una cantidad notable de académicos se han manifestado en contra de esa chicanada que pretenden el Rector y la Junta. Con cartas abiertas a la sociedad veracruzana, han manifestado firmemente su exigencia de que el proceso se ajuste a lo señalado por la Ley Orgánica, la Ley de Autonomía y el Estatuto General de la Universidad Veracruzana.
Es toda una comunidad en contra de nueve personas que deberían ser dignas y no peleles sin criterio. Con Martinillo, completan una decena de enemigos de la democracia universitaria que quieren imponer la voluntad de seguir mangoneando de un individuo que ha sido un mal rector y, a lo que se ve, una mala persona también.
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