Hasta el domingo 25 de mayo, una semana antes de la elección, sólo siete de los 38 candidatos al nuevo Tribunal de Disciplina Judicial habían hecho pública su declaración 3 de 3, documento que incluye su situación patrimonial, intereses y cumplimiento fiscal.

Los aspirantes que sí transparentaron esta información fueron María Elisa Vera Madrigal, Jazmín Gabriela Rivera Reyes, Jorge Isaac Lagunes Leano, Fany Lorena Jiménez Aguirre, Bernard Abigail Díaz de León, Juan Pedro Alcudia Vázquez e Indira Isabel García Pérez, quien, por la votación obtenida este primer domingo de junio, es la única de este grupo que tiene amplias posibilidades de formar parte del nuevo tribunal disciplinario. 

La publicación de estas declaraciones forma parte de una iniciativa conjunta de los comités de participación ciudadana de los sistemas nacional y estatales Anticorrupción, en coordinación con la organización Transparencia Mexicana. El objetivo era promover la rendición de cuentas entre quienes buscaban ocupar cargos en el Poder Judicial, especialmente ante este inédito proceso electoral en el que fueron elegidas las tres magistradas y dos magistrados que integrarán el Tribunal de Disciplina Judicial, el nuevo organismo anticorrupción que tendrá un papel fundamental en la supervisión del actuar de jueces y magistrados, pues se encargará de investigarlos y, en su caso, sancionar a los acusados de mal desempeño o malas prácticas.

Por ello, los comités de participación ciudadana habían señalado que era necesario que los votantes contaran con información clara y verificable, más allá de la propaganda electoral.

Aunque esta declaración es obligatoria para servidores públicos desde 2016, aún no lo es para aspirantes a cargos de elección popular, quienes hasta ahora solamente la presentan de manera voluntaria.

Aunque esta declaración es obligatoria para servidores públicos desde 2016, aún no lo es para aspirantes a cargos de elección popular, quienes hasta ahora solamente la presentan de manera voluntaria.

Hasta ayer, con 63 por ciento de las casillas computadas, Celia Maya García, actual integrante del Consejo de la Judicatura y tres veces candidata a la gubernatura de Querétaro –una postulada por el PRD y dos veces por Morena–, encabezaba la votación para el Tribunal de Disciplina Judicial con 2.6 millones de votos, equivalentes a 7.7% del total. De confirmarse esta tendencia, sería la primera presidenta del tribunal, cargo que será rotatorio cada dos años. Ella no presentó su declaración 3 de 3.

Tampoco Eva de Gyves Zárate, quien se perfila en segundo lugar con 2.4 millones de votos 

Tampoco Eva de Gyves Zárate, quien se perfila en segundo lugar con 2.4 millones de votos (7.3 por ciento), la cual formó parte del Consejo de la Judicatura hasta noviembre de 2024. 

Otro que igualmente se negó a transparentar su situación patrimonial, intereses y cumplimiento fiscal fue Bernardo Bátiz Vázquez, ex procurador de Justicia de la CDMX y también miembro actual del Consejo de la Judicatura, quien va en tercer lugar de la votación, encabezando al grupo de candidatos del género masculino con 2.3 millones de sufragios, cifra que representa el 6.9 por ciento del total.

En cuarta posición está Indira Isabel García Pérez, que sí cumplió con su 3 de 3. La funcionaria cercana a la gobernadora morenista de Colima, Indira Vizcaíno, suma hasta ahora 2 millones de votos (6.1 por ciento). 

Rufino León Tovar, actual magistrado del Tribunal de Conciliación y Arbitraje –cargo que asumió en el sexenio del ex presidente Andrés Manuel López Obrador–, tampoco dio a conocer su situación patrimonial y prácticamente tiene amarrada la segunda magistratura para el género masculino del tribunal disciplinario, al sumar hasta el momento 1.9 millones, equivalentes a 5.7 por ciento de la votación nacional.

La magistrada veracruzana Denisse Uribe, identificada con el grupo del ex gobernador morenista Cuitláhuac García, y que también se negó a transparentar su patrimonio, tiene hasta el momento 540 mil votos en la bolsa, cifra que a pesar de ser menor sorprende por la opacidad de su financiamiento. 

¿Deveras será real ese medio millón de sufragios? Porque los anti 4T ya han comenzado a sembrar dudas de que en verdad hayan acudido alrededor de 13 millones de votantes, considerando el tiempo que se llevó cada uno en escoger a sus favoritos entre cientos de candidatos en media docena de boletas y a que el INE, por razones financieras, ahora sólo instaló 80 mil casillas en las 32 entidades del país. 

LA ‘COLONIZACIÓN’ 

DE LA UV POR MORENA 

Luego de los pronunciamientos de los tres ex rectores de la era autónoma de la Universidad Veracruzana (UV) –Víctor Arredondo, Raúl Arias y Sara Ladrón de Guevara–, así como de los ex miembros de la Junta de Gobierno y de académicos que aspiran a ocupar la Rectoría de la máxima casa de estudios en el periodo 2025-2029, ayer, casualmente, los integrantes de este Órgano Colegiado emitieron un comunicado sobre la polémica solicitud de prórroga que desde el pasado jueves 29 de mayo presentó el sociólogo promorenista Martín Gerardo Aguilar Sánchez para continuar automáticamente en la Rectoría por un periodo más, petición sin precedente que ha pretendido fundamentar en la legislación universitaria vigente: la Ley de Autonomía, Artículo 10º; la Ley Orgánica, Artículo 36, y el Estatuto General, Artículo 25.

De acuerdo con la publicación oficial difundida anoche, se informó que “en sesión extraordinaria de fecha 3 de junio 2025, la Junta de Gobierno determinó que, a fin de cumplir con la obligación del derecho de petición del promovente previsto en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acordó el procedimiento para el trámite solicitado. Así mismo, la Junta de Gobierno definió el método para la evaluación y el mecanismo de consulta a la Comunidad Universitaria. Para ello, se requirió información complementaria al solicitante para estar en condiciones de admitir a trámite la solicitud, otorgándosele un plazo de dos días naturales para cumplir con el requerimiento, apercibido de que en caso de incumplir o cumplir parcialmente, se tendrá por no presentada la solicitud”.

“La determinación que recaiga a la solicitud, se comunicará a la Comunidad Universitaria en la página web de la Junta de Gobierno (https://www.uv.mx/juntagob/). Para el caso de que la Junta de Gobierno emita su determinación negando la prórroga, dará lugar a la emisión de la convocatoria respectiva dentro del término previsto por el artículo 8º fracción I, inciso d) de la Ley de Autonomía, para elegir al nuevo titular de la Rectoría de la Universidad Veracruzana, y que conforme a lo dispuesto por el artículo 25 del Estatuto General, en ningún caso y por ningún motivo, quien haya ocupado la titularidad de la Rectoría, podrá volver a desempeñarla”.

Si los morenistas y sus aliados ya revivieron el exacerbado presidencialismo del moribundo priismo, se agandallaron también las mayorías en ambas cámaras del Congreso de la Unión y el domingo pasado acaban de organizar una elección desairada por más del 87 por ciento de los votantes para apoderarse del Poder Judicial de la Federación, ¿por qué no colonizar entonces también las universidades públicas “autónomas” como la veracruzana? ¿Después de la UV seguirá la UNAM?