“Quien teme a los hombres no hará nada por Dios.” – San Ignacio de Loyola.

En un país donde el Poder Judicial ha sido históricamente una élite cerrada e inaccesible, llamar a la ciudadanía a no votar en una eventual elección de jueces y magistrados es, además de absurdo, profundamente irresponsable.

Algunos actores políticos e intelectuales han emprendido una cruzada contra la propuesta del gobierno federal que plantea la elección popular de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), recurriendo al boicot como herramienta de protesta.

Pero lo que pretenden disfrazar como crítica democrática, en realidad revela su apego al viejo sistema de privilegios.

La iniciativa del actual régimen, aún por discutirse en el Congreso, puede ser perfectible, pero representa un primer intento serio por abrir uno de los poderes más opacos del Estado al escrutinio ciudadano.

Negarse siquiera a participar en una posible consulta o elección es, en los hechos, avalar el statu quo: ese modelo de cooptación donde los nombramientos se reparten en cúpulas, lejos del interés público.

Invitar a no votar no impide el proceso, ni invalida su legitimidad. Solo asegura que una minoría –la que sí participe– decida por todos.

La abstención no es una posición crítica: es una renuncia anticipada. Es abdicar del derecho a exigir transparencia, perfiles adecuados y rendición de cuentas en uno de los poderes más importantes y menos vigilados.

Sí, la elección popular de jueces plantea retos serios: desde el riesgo de politización hasta la tentación populista. Pero el modelo actual tampoco ha garantizado justicia imparcial, pronta y expedita. Más aún, ha demostrado ser profundamente clasista y protector de intereses económicos y políticos. Cambiarlo es una necesidad, no un capricho.

Lo responsable sería discutir los términos, mejorar los mecanismos, establecer filtros académicos y profesionales, garantizar autonomía y construir instituciones capaces de sostener una transición de este calibre. Pero llamar a la abstención es negarse al debate. Es defender que todo siga igual.

La cruzada contra el voto judicial no es una defensa de la democracia, sino una defensa del privilegio.

Por eso, cuando los de siempre piden que no votes, lo hacen porque temen que por primera vez tu voz tenga peso, que tus decisiones cuenten, y que los muros que protegen su poder empiecen, por fin, a resquebrajarse.

Al tiempo.

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