El asesinato de Ximena Guzmán, secretaria particular de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y de José Muñoz, asesor del mismo gobierno, ha sacudido al círculo político capitalino y encendido las alarmas en materia de seguridad nacional. 

Fue un “ataque directo” confirmó Brugada, visiblemente consternada. Los hechos ocurrieron a las 7:13 horas de ayer martes, en la calzada de Tlalpan, una de las principales avenidas de la Ciudad de México. En un video que circuló en redes sociales se observa a un sicario, que portaba una chamarra blanca y un casco de motociclista, disparar al menos en diez ocasiones contra las víctimas que estaban a bordo de un vehículo Audi color negro.

El doble homicidio, perpetrado en el sur de la Ciudad de México y en “horas pico”, como se denomina a los horarios en que hay mayor cantidad de personas y vehículos en la calle, ha reavivado el debate sobre la capacidad del Estado para proteger a sus funcionarios y contener la violencia del crimen organizado. 

Este ataque ocurre menos de un año después del asesinato de Milton Morales Figueroa, jefe de inteligencia de la policía capitalina y colaborador cercano del entonces secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch. Ambos casos comparten una característica clave: las víctimas estaban directamente ligadas a figuras estratégicas en la estructura del gobierno y, particularmente, en el ámbito de la seguridad.

Fuentes cercanas a las investigaciones han sugerido que podría tratarse de una represalia por las acciones implementadas por las autoridades capitalinas en contra de células criminales que operan en la Ciudad de México. En los últimos meses, el gobierno local ha intensificado los operativos contra bandas de narcomenudeo, extorsión y trata, lo que ha generado fricciones con organizaciones delictivas que tradicionalmente operaban con bajo perfil en la capital.

Sin embargo, el doble homicidio de los funcionarios, rompe de una manera trágica con el optimismo mostrado por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, después de que reportó que durante los primeros seis meses de la actual administración, la incidencia de homicidios y otros delitos disminuyó respecto a lo registrado en los primeros años de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador.

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en los primeros seis meses del sexenio de Sheinbaum se han registrado 15 mil 862 homicidios dolosos, cifra que contrasta con los 17 mil 134 asesinatos que se cometieron en el primer semestre de la administración de López Obrador.

En tanto, en abril de este año, de acuerdo con el reporte del gabinete de seguridad federal, se contabilizaron mil 705 asesinatos, cifra que no se registraba desde marzo de 2016 cuando mil 707 personas fueron privadas de la vida.

En su más reciente reporte semana de estudios económicos, Banamex reconoció una disminución significativa en los niveles de violencia durante los primeros seis meses del gobierno de Sheinbaum, destacando que la tasa anualizada de homicidios dolosos y feminicidios es la más baja registrada en los últimos ocho años. 

La administración de Sheinbaum ha impulsado un cambio en la estrategia de seguridad nacional. A diferencia del enfoque de López Obrador centrado en programas sociales, la presidenta ha implementado una estrategia basada en labores policiacas de inteligencia, creando un Sistema Nacional de Inteligencia y fortaleciendo la coordinación entre fuerzas armadas y corporaciones policiacas, además de exigir la participación de todos los gobernadores y gobernadoras del país. 

El cambio en la estrategia de seguridad, impulsado desde la federación, ha obligado a la mayoría de los gobernantes estatales a realizar acciones policiacas contra los grupos del crimen organizado que operan en sus entidades y en muchos casos a terminar o modificar los pactos que se habían establecido en el pasado. Esto ha generado el incremento de la violencia en Sinaloa, además de Sonora, Baja California, Tabasco, Michoacán, Morelos y Quintana Roo, mientras que en otras entidades, como la Ciudad de México, los grupos criminales, al parecer, se han replegado. 

En este contexto, la forma en que se cometió el doble homicidio de los jóvenes funcionarios cercanos al círculo político de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, no puede verse como un hecho aislado, sino que tiene un mensaje claro: intimidar, sembrar miedo y golpear el núcleo del poder político. 

El gobierno federal, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ha informado que trabaja de forma coordinada con la Fiscalía capitalina y el Centro Nacional de Inteligencia para dar con los responsables y esclarecer los móviles del crimen. Sin embargo, el trasfondo del ataque parece ser mucho más profundo.