El resurgimiento del gusano barrenador es una crisis que México pudo haber evitado, pero que, por falta de previsión y una infraestructura sanitaria debilitada, hoy enfrenta la suspensión de las exportaciones de ganado a Estados Unidos con pérdidas diarias de más 11 millones de dólares diarios, según estimaciones del Consejo Nacional Agroalimentario (CNA). 

El contrabando de ganado y la falta de control sanitario en la frontera sur han provocado el regreso de la plaga, mientras que el cierre de la Planta de la Mosca en Chiapa de Corzo, en 2013, dejó al país indefenso ante la propagación del gusano barrenador. 

La suspensión de las importaciones impacta severamente al sector ganadero del norte del país. Tan sólo Sonora y Chihuahua movilizaban más de 5 mil 700 cabezas de ganado al día. Entre diciembre de 2024 y febrero de 2025, durante el primer cierre de la frontera con Estados Unidos por la crisis del gusano barrenador, el país dejó de exportar más de 140 mil cabezas de ganado, con pérdidas estimadas en 6 mil 699 millones de pesos, según estimaciones del Consejo Mexicano de la Carne. 

Lo más triste de esta situación es que México se enfrenta a la falta de una infraestructura con la que se contaba y que por una errónea decisión gubernamental, como sucede a menudo, se desechó. 

En 2003, tras una exitosa campaña de erradicación, el gobierno mexicano cerró la Planta Productora de Moscas Estériles ubicada en Chiapa de Corzo, Chiapas, una de las herramientas más efectivas en el control de la plaga. Tras su cierre, el país se quedó sin la capacidad de producir estos insectos de manera autónoma, lo que obligó a depender de la planta ubicada en Panamá, gestionada por la Comisión Panamá – Estados Unidos para la Erradicación y Prevención del Gusano Barrenador del Ganado (COPEG).

Sin embargo, según las declaraciones del secretario de Agricultura, Julio Berdegué, la plaga del gusano barrenador “se le fue de control en Panamá a Estados Unidos”. El funcionario explicó que el gusano estuvo controlado durante varios años, hasta que en junio de 2023 reapareció en Panamá y se movilizó 3 mil 700 kilómetros hasta llegar a la frontera de México con Guatemala. 

Ante la crisis, las autoridades han planteado la necesidad de restablecer una planta productora de moscas en Chiapas, semejante a la que hubo en Chiapa de Corzo y fue un centro clave para la sanidad animal, además de ser empleador de más de 500 trabajadores, quienes, tras su cierre, han estado luchando para recibir sus indemnizaciones correspondientes.

A pesar de ser una infraestructura esencial, el inmueble fue reutilizado en 2019 como albergue temporal para migrantes por el Instituto Nacional de Migración (INM). Sin embargo, en 2022, el INM cerró este albergue debido a condiciones insalubres de alojamiento. Actualmente, no se dispone de información pública sobre el uso que se le está dando al edificio que, al parecer, está abandonado. 

Los ex trabajadores de la Planta de la Mosca de Chiapa de Corzo han denunciado que, desde su despido en 1999, no han recibido las liquidaciones ni pensiones correspondientes, que estiman en 200 millones de dólares. A pesar de que el gobierno de Estados Unidos habría enviado recursos para su liquidación, estos no llegaron a los afectados. Actualmente, muchos de ellos, ya adultos mayores, continúan exigiendo justicia y el cumplimiento de sus derechos laborales.

La última aparición pública documentada de Rosel Méndez Cruz, vocero de los ex trabajadores de la Planta de Chiapa de Corzo, ocurrió el 15 de abril de 2024, con motivo del 25 aniversario de su despido. Ese día, junto a otros ex empleados, se manifestaron frente al Congreso del Estado en Tuxtla Gutiérrez, exigiendo el pago de indemnizaciones, laudos y pensiones jubilatorias pendientes desde 1999. Durante la protesta, destacaron que más de 100 de sus compañeros han fallecido sin recibir lo que les corresponde y solicitaron una audiencia con el entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador, que nunca se concretó. 

En cuanto al abogado Andrés Arnulfo Rodríguez Zárate, quien ha representado legalmente a los ex trabajadores, su última intervención pública registrada fue en noviembre de 2024. En esa ocasión, informó que, tras más de dos décadas de lucha, han enfrentado obstáculos en diversas instancias legales, incluyendo la Secretaría de Desarrollo Rural (antes Sagarpa), el ISSSTE, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y los Juzgados de Distrito. Rodríguez Zárate también recordó que, en el transcurso de esta batalla legal, más de 100 ex trabajadores fallecieron sin haber recibido las indemnizaciones que les correspondían.