Prefacio.

La presidente Claudia Sheinbaum no conocía el tema y se limitó a prometer que se le daría seguimiento: “Sí, sí, sí, lo retomamos”, fue la respuesta de la jefa de la nación frente al cuestionamiento de Dalila Escobar, reportera de la revista Proceso. *** “Hace unos días se cumplieron 13 años del asesinato de Regina Martínez, corresponsal de Proceso en Veracruz. Es un caso que se mantiene cerrado, aunque no resuelto. De hecho, el expresidente Andrés Manuel López Obrador había garantizado que se iba a reabrir el caso; sin embargo, no se han notado avances en la situación. Quisiera ver si con usted va a seguirse esta situación hasta que se resuelva, porque recordamos que en el gobierno en el que se dio, Javier Duarte decía que se había sembrado la idea de que había sido por un asunto personal, pasional. Quisiera saber si en el gobierno, en este gobierno se va a seguir con esta idea de que se reabra el caso, que se resuelva”. *** Del homicidio de Regina Martínez, en efecto, siguen existiendo muchas lagunas y la Fiscalía de Veracruz (el tema pasó por el escritorio de los tres fiscales generales que ha tenido) ha sido incapaz de despejar las dudas surgidas a partir de este ataque. *** Es cierto también, que el nombre de la periodista ha sido utilizado como bandera política. Ahí está el reciente “homenaje” que le fue rendido en el recinto del Congreso del Estado, que tuvo como fin la develación de una fotografía en la que aparece Regina entrevistando a Andrés Manuel López Obrador. *** Ojalá que se investigue, que se llegue al fondo de los hechos, que las palabras de la presidente Sheinbaum no hayan sido sólo un recurso para evadir el tema.

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En su afán por congraciarse con las figuras en el poder y con ello “amarrar” su reelección, la magistrada presidente del Poder Judicial de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, es capaz de ir en contra de la Constitución.

La togada criticó que los “presuntos agresores o violentadores de mujeres” tengan acceso a diferentes medidas cautelares distintas a la prisión preventiva oficiosa, ya que gracias a eso “pueden salir y seguir acosando y agrediendo a sus víctimas”.

Es abogada, se supone que con experiencia en la administración de justicia y sabe, por lo tanto, que en el artículo 20, inciso B, fracción primera de la Constitución federal se establece como derecho de la persona imputada: “a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa”.

Sabe también que el término “presunción” se define, en derecho como “un hecho que la ley tiene por cierto sin necesidad de que sea probado”.

La “presunción de inocencia” es un principio fundamental del derecho. Resulta por lo tanto una barbaridad, que la actual titular del Poder Judicial en Veracruz reniegue de una de las garantías que México y los organismos internacionales tienen consagradas.

Abordada por la prensa durante el acto cívico para conmemorar la batalla del 5 de Mayo, a la magistrada se le pidió su opinión sobre “los hombres agresores, que entran a prisión unos días, logran amparos y la mujer sigue indefensa porque el agresor está más enojado”.

Ahí fue cuando cuestionó la aplicación de medidas distintas a la prisión.

“A pesar de que ya hay un proceso penal y de que hay una vinculación a proceso. ¿Por qué? Porque esta persona, por el tipo de medida cautelar que se les impone, porque son muy estrictos con la prisión preventiva oficiosa y se les pone otra medida, resulta que les da cabida a seguirlas acosando, a seguirlas buscando, se ponen más enojados”.

Nunca, por ningún motivo, la magistrada presidente se atreve a cuestionar la eficiencia en la integración de la carpeta de investigación. En los tiempos actuales dudar de la probidad y eficacia de los fiscales parece ser un pecado.

Es cosa de cuestionar a cualquier juez o magistrado de los que ahora andan en campaña: coincidirán en que un factor preponderante para el crecimiento de la impunidad es la mala integración de la denuncia correspondiente.

A propósito de la actuación de la magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia, este lunes el abogado Tomás Mundo opinó sobre un artículo periodístico en el que se denuncia la confabulación entre la Fiscalía y el Poder Judicial.

“Esa es la realidad que viven más de 5 mil familias, por detenciones arbitrarias, solapadas desde el Poder Judicial del Estado de Veracruz. Es un amasiato Fiscalía-Poder Judicial. Precisamente, se apartan de los principios de legalidad y objetividad. Algunos de esos funcionarios deberían estar en prisión. Por eso hay que denunciarlos; sólo así podremos saber que la mayoría de los jueces los tienen firmando contratos para tenerlos controlados. Un ejemplo son que los jueces de control (que) dejan pasar todas las pruebas de la fiscalía; el debate es pura ficción. Por eso Veracruz es de los peores del país para impartir justicia penal y civil. Lo dice el WJP (World Justice Project) México, 2023-2024”.

El mismo artículo 20 de la Constitución, en su inciso A, establece en la fracción VIII: “El juez sólo condenará cuando exista convicción de la culpabilidad del procesado”, y en la fracción IX: “Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula”.

Ahí está la explicación para que “hombres violentadores” obtengan la libertad.

La magistrada no puede pensar en mantenerse en el cargo si no es capaz de respetar principios fundamentales del derecho.

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Epílogo.

¡Qué bueno que –como ella misma lo admite– la decisión de aceptar, o no, la petición de que se rinda homenaje a Fidel Herrera en el Palacio Legislativo no le corresponde a la diputada presidente, Tanya Carola Viveros Cházaro! *** La legisladora opinó que sería “anticlimático” que el Poder Legislativo rindiera homenaje al exgobernador pues, aunque “nadie le desea la muerte a nadie y, sobre todo, en el humanismo mexicano, buscamos tener mucha sensibilidad, pero también no olvidamos”. *** La postura de la diputada (quien confirmó que en cuanto llegue la solicitud de la familia de Herrera Borunda habrá de turnarla a la Jucopo para que ahí se decida lo procedente) contrasta con la actitud civilizada y políticamente correcta de la propia gobernadora Rocío Nahle, quien publicó sus condolencias en las redes sociales y envió una corona, a nombre de ella y de su familia, a los funerales del recién fallecido exgobernador.  *** La gobernadora Rocío Nahle fue muy enfática al advertir que las denuncias que su gobierno está presentando por daño patrimonial en la Secretaría de Salud, son consecuencia de las observaciones que emitió la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la Cuenta Pública 2023. *** “Ya el contralor hizo la denuncia correspondiente, porque nosotros tenemos que darle seguimiento a esto y si hay daño patrimonial, que es así, pues tenemos que llamar a cuentas a quien fue el secretario, el exsecretario de salud porque así lo marca la auditoría”, dijo. *** Admitió que las irregularidades detectadas corresponden sólo al año 2023 (por cerca de 200 millones de pesos) pues los resultados de la auditoría a la Cuenta Pública del 2024 aún no han sido entregados. *** “Yo no quería, la ASF me obligó”, parece decirle Rocío Nahle a su antecesor.

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