Prefacio.

El gobierno estatal está recurriendo a las más burdas acciones para reprimir a todo aquel que exhibe sus abusos. *** Este jueves el dirigente del Sindicato Estatal del Poder Ejecutivo de Veracruz (Sepev), Acdmer Antonio Galicia Campos, denunció que se maquila un proceso judicial en su contra, obligando a los empleados más vulnerables de la estructura estatal a servir de “testigos”. *** “Ahora enfrentaremos las instancias de procuración de justicia, si es que las hay, ya que tergiversan sus palabras para generar malestar en la sociedad y ocultar actos que violan los derechos humanos y laborales, encubriendo a los verdaderos corruptos, tal vez porque los salpica”, denunció el dirigente sindical en un posicionamiento. *** Explicó que la base trabajadora más vulnerable, los “de contrato”, están siendo utilizados, mediante engaños y amenazas de quitarles el empleo, “no sólo para el acarreo político, sino también para denunciar el delito de secuestro ante los fiscales 12 y 16, que elaboran la carpeta 1624/24”. *** Galicia Campos explicó que estas acciones tienen como fin “callar nuestra voz y privarnos de nuestra libertad”. Dijo que fue denunciado en la Fiscalía de Veracruz “por el solo hecho de apoyar una manifestación pacífica de nuestros representados, los inspectores de ganadería concentrados en Xalapa de manera injustificada”. *** Y anunció la postura de la organización gremial que encabeza: “No somos delincuentes, somos un sindicato que lucha y luchará por la defensa de los trabajadores, y así lo seguiremos haciendo. La justicia tarda, pero llega; ellos ya se van y nosotros nos quedamos. México y Veracruz necesitan un cambio con el que se recupere el estado de derecho y la grandeza de sus instituciones”. *** Acdmer Galicia no está solo: los trabajadores al servicio del gobierno estatal ya no están dispuestos a permitir que persistan los abusos.

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El artículo 224 del Código Penal Federal establece que existe enriquecimiento ilícito “cuando el servidor público no pudiere acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a su nombre o de aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño”.

Ese es uno de los delitos que le atribuye el empresario Arturo Castagné Couturier a la candidata de la alianza “Sigamos Haciendo Historia en Veracruz”, Rocío Nahle y a su esposo José Luis Peña Peña. La denuncia fue presentada en la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México.

Castagné Couturier lo confirmó en sus redes sociales: “Familia, como lo prometí, estoy saliendo de la FGR. Acabo de presentar la denuncia penal por hechos de corrupción, enriquecimiento ilícito y por uso ilícito de atribuciones, en contra de la señora Rocío Nahle y de su esposo José Luis Peña Peña”.

No se trata, pues, de una campaña mediática, de una “guerra sucia”. Se trata, en realidad, de la posible comisión de delitos de corrupción que deben ser investigados y, en su caso, sancionados por el sistema de justicia penal del país.

Arturo Castagné expresó su agradecimiento a quienes lo respaldaron (más de 12 mil firmas de ciudadanos) para proceder de manera legal en contra de la aspirante a la gubernatura de Veracruz.

La denuncia fue recibida minutos después de las 11 de la mañana de este jueves, en la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción. El documento presentado hace mención de que Rocío Nahle se desempeñó como secretaria de Energía en el gobierno federal desde el primero de diciembre de 2018 hasta el 14 de octubre de 2023 y “durante este tiempo su patrimonio y el de su esposo se incrementaron de forma desproporcionada”.

Y señala la irregularidad: “el haber adquirido diversas propiedades millonarias, lo que resulta incongruente con los ingresos que percibió como secretaria de Estado”.

A los bienes inmuebles que Arturo Castagné ha detectado en México, este jueves agregó la propiedad de un terreno y una propiedad en Estados Unidos.

La candidata, en lugar de aclarar el origen de los recursos utilizados para hacerse de tantas propiedades, ha insistido en que se trata de una “guerra sucia”, lo que deja con muchas dudas a los veracruzanos.

Pepe Yunes, sin embargo, no se rompe la cabeza por estos hallazgos. Presentó una denuncia ante la FGR y dejó a las autoridades federales la tarea de investigar la evolución de la fortuna de la candidata por Morena.

¡Qué fácil es decir: me difaman! Lo difícil es demostrar el origen lícito de su extraordinaria situación financiera.

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Epílogo.

No se trata de repetir como loros que “la incidencia delictiva ha ido a la baja”. Se trata de que la gente lo perciba en el día a día. *** Los más recientes resultados de la Encuesta Nacional sobre Seguridad Pública Urbana, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en Xalapa, la capital del estado creció la percepción de inseguridad entre la población. *** Y aunque la medición muestra una ligera disminución de esa percepción en Coatzacoalcos, esa ciudad sigue siendo considerada como la de mayor percepción de inseguridad por sus habitantes, ya que prácticamente tres cuartas partes no se sienten seguros en sus actividades cotidianas. *** Eduardo Vega alega que Pepe Yunes “está recibiendo puro cascajo”, por la incorporación de la exdirigente estatal de Fuerza por México Veracruz, Jaqueline García. *** Él debe saber mucho de eso, pues conformó con “puro cascajo” una organización política que, sumada como satélite de Morena, lucra con la ambición de actores políticos en la entidad.

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