En medio del ánimo destructor de todo lo construido los últimos 30 años en México, y ante la imposibilidad de seguir financiando los desaforados programas sociales, pues se acabaron ya todas las fuentes de recursos presupuestales, el obradorato va por las pensiones de los jubilados.

A propuesta de Morena –obviamente-, se discute en la Cámara de Diputados e incluso se aprobó ya en la Comisión de Seguridad Social, el dictamen que crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar, cuyos fines serán “recibir, administrar, invertir y entregar los recursos que le sean aportados conforme a las disposiciones aplicables, pudiendo establecerse aportaciones adicionales a su patrimonio”.

Según esto, dicho Fondo “brindará a los institutos de seguridad social los recursos necesarios para procurar que las y los trabajadores que alcancen los 65 años de edad y cuya pensión sea igual o menor al monto equivalente al salario promedio registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social, reciban un complemento a las obligaciones del Gobierno Federal con relación a (sic) la pensión que se obtenga conforme a las disposiciones aplicables”.

La “zanahoria” electoral de esta iniciativa presentada por Morena a la mitad de las campañas –en las que sus candidaturas no parecen pasar por su mejor momento- es que cada trabajador jubilado recibiría pensiones de más de 16 mil pesos. Dicho así, suena maravilloso. Sería la culminación y el punto más alto del obradorato para alcanzar la “justicia social” que pregona en su propaganda.

Sin embargo, en ninguna parte del mundo el dinero crece en macetas ni sale de la madre tierra como el maíz. Así que esos fondos hay que financiarlos de alguna manera y desde algún lugar.

La iniciativa, promovida por el fallido aspirante a la gubernatura de Puebla Ignacio Mier –quien le anda jugando las contras a su primo que le ganó la partida en Morena, el marinista Alejandro Armenta Mier- y por la veracruzana Angélica Ivonne Cisneros Luján –la responsable de que el anterior gobierno municipal de Xalapa no hiciera nada en cuatro años, pues todo el presupuesto se le regresaba a la Federación- propone un “novedoso” esquema para financiar el Fondo de Pensiones para el Bienestar: prácticamente, confiscar el dinero de los jubilados que se dejen.

El dictamen que se llevará al Pleno señala que “las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), las instituciones que realicen funciones similares de naturaleza pública, así como las administradoras prestadoras de servicio, deberán transferir los recursos de las subcuentas de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, al momento en que los trabajadores cumplan 70 años, sin necesidad de resolución judicial, al Fondo de Pensiones para el Bienestar, debiendo notificar de cada traspaso al Instituto Mexicano del Seguro Social el mismo día en que se realice”. 

Según esto, “no será aplicable a los recursos de los trabajadores que cuenten con una relación laboral activa ante el Instituto”.
También estipula que en caso de que el trabajador cumpla 70 años “sin que éste o sus beneficiarios hubieren ejercido su derecho a recibir los recursos de la subcuenta de Vivienda, el INFONAVIT deberá transferir dichos recursos al Fondo de Pensiones para el Bienestar”. Y también señala que “esto no será aplicable para los trabajadores en activo”.
En el caso de los trabajadores del Estado, indica que “el PENSIONISSSTE o las administradoras, así como las administradoras prestadoras de servicio, deberán transferir dichos recursos al momento en que los trabajadores cumplan 75 años, sin necesidad de resolución judicial, al Fondo de Pensiones para el Bienestar”, lo cual tampoco será aplicable “a los recursos de los trabajadores que cuenten con una relación laboral activa ante el ISSSTE”.
Añade que cuando los trabajadores cumplan 75 años y no hayan reclamado los recursos de la Subcuenta del Fondo de la Vivienda, “éstos serán transferidos al Fondo de Pensiones para el Bienestar, lo cual no será aplicable a las relaciones laborales activas”.

Esto, aquí y en China, es robarse el dinero ajeno. Y no poco dinero. Se calcula que el gobierno pretende apropiarse de 40 mil millones de pesos de fondos individuales para concentrarlos en el Fondo de Pensiones para el Bienestar, donde se perdería el rastro de a quién le corresponde cuánto por sus años trabajados. Una especie de “licuadora” de las pensiones, de la cual el gobierno podría disponer de los recursos como mejor le plazca.

Desaparecieron los fideicomisos públicos de ciencia, arte y tecnología; arrasaron con los fondos de estabilización que heredaron de anteriores administraciones; endeudaron de manera increíblemente irresponsable al país. Todo, para financiar sus obras faraónicas inútiles y sus programas clientelares para sobornar a los votantes.

Ahora, el obradorato pretende dar un golpe durísimo: apoderarse de las pensiones de miles de trabajadores jubilados cuyas cuentas, según ellos, estén inactivas o no se hayan reclamado. Dinero que le pertenece a otras personas, pues se lo ganaron con su trabajo.

Ladrones.

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