Hasta ahora, de la observación del poco más del año de los trabajos del naciente Sistema Nacional Anticorrupción, las noticias no han sido buenas. Por ello, no resulta una sorpresa cuando revisamos la más reciente entrega del Informe sobre Percepción sobre la Corrupción en el sector Público realizado por Transparencia Internacional, observar que nuestro país pasó del lugar 95, obtenido en ese mismo reporte el año 2015, al 123 en 2016, al 135 el año pasado, de 180 países incluidos, lo que nos sitúa en el mismo nivel que naciones como Honduras, Laos o Rusia. La caída no es gratuita. El informe recoge el efecto del incumplimiento de la tarea de un poder legislativo incapaz o interesado en no llegar a acuerdos en estos rubros fundamentales. Por ello, el Sistema está descabezado. No cuenta con la principal herramienta de persecución en el ámbito penal, como lo es el Fiscal Anticorrupción, cuyo nombramiento está detenido por razones políticas, por lo que las reformas al Código penal federal en la materia, en la que se establecieron tanto un nuevo capítulo de delitos como una mejor determinación de los tipos, no son vigentes todavía dado un transitorio en su promulgación que las relacionaba con el nombramiento de dicho fiscal, y apenas a finales del pasado abril se nombró a 18 jueces del Tribunal de Justicia Administrativa quienes son los encargados de realizar los procesos jurisdiccionales de los señalados por faltas administrativas graves, incluyendo particulares y personas morales. Para la sociedad, el Sistema Nacional Anticorrupción, como otras instituciones del Estado diseñadas para ejercer ámbitos de autonomía, ha sido paralizado hasta su inoperancia por la partidocracia. Pero la presión hacia cambios profundos en este rubro no proviene solo de una sociedad instalada en el hartazgo. Según el Reporte de Competitividad Mundial 2017 del Foro Económico Mundial, México mantuvo el lugar 51 de 135 y la corrupción es el principal obstáculo para hacer negocios. En este sentido, resalta el hecho de que tanto Canadá como los Estados Unidos introdujeron el tema corrupción en las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica que estableció la inclusión de un capítulo completo dentro del instrumento, que define prácticas de integridad al nivel de contrataciones gubernamentales para garantizar la transparencia y buena dirección de los recursos públicos. Previsiones anticorrupción y pro transparencia también fueron incluidas en el tratado multilateral TPP11 recientemente signado también por nuestro país. Cabe reconocer que la importancia política del Sistema Nacional Anticorrupción, en tanto herramienta de autenticación de poderes públicos que, al menos en el discurso, están combatiendo este flagelo, se ha visto reforzada por las posiciones que sobre el tema han expuesto los candidatos a la presidencia de la república. Los de mayores posibilidades de victoria: José Meade, Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador, cada uno desde su óptica personal, consideran a la corrupción como uno de los tres principales problemas del país y han realizado diversas propuestas para su combate. Ricardo Anaya ofrece crear un nuevo sistema de fiscalización de dinero en la política el cual, a través de acciones de inteligencia financiera para detectar recursos de procedencia ilícita y rebase de topes de campaña; también propone reformar el artículo 102 de la constitución para crear dos Fiscalías, una general y otra anticorrupción, totalmente independientes del poder político. También ha hablado sobre la pertinencia de eliminar el uso de dinero en efectivo en los tres ámbitos de gobierno para que los pagos se realicen a través del sistema financiero. Además, a través del uso de tecnologías de información, ofrece crear una plataforma nacional virtual, donde la ciudadanía podrá revisar en tiempo real el destino de los recursos públicos. Por su parte José Antonio Meade presentó, junto con los líderes de los tres partidos que integran la coalición que lo postula una iniciativa de reformas legales con tres elementos centrales: la recuperación de los haberes, propiedades y bienes de los corruptos para financiar un Fondo nacional de becas para niños y mujeres; aumento de sanciones y establecer la obligatoriedad de la certificación patrimonial para altos funcionarios Meade también ha propuesto la llamada declaración 7 de 7, que suma a la conocida 3 de 3 (patrimonial, intereses y fiscal): la opinión técnica de un contador público sobre la situación de ingresos y gastos, una consulta a las oficinas del registro público de la propiedad de los estados para verificar propiedades, un informe fiscal del SAT y el dictamen de un notario público dando fe sobre todos los documentos presentados. De López Obrador ya sabemos que su principal propuesta radica en el ejemplo. Esto no es menor considerando el poder carismático, en el sentido weberiano del término, que todavía guarda la institución presidencial en México, pero no será suficiente. Pocos dudan que el declive de la estrella de Peña comenzó con su reconocimiento de la corrupción como problema cultural, que pareció marcar un banderazo de inicio a los escándalos de corrupción que lo han perseguido hasta el final de su periodo de gobierno. Aunque la posición de López sobre el sistema anticorrupción no es clara, su cercanía con varios intelectuales que impulsaron esta figura, permite prever su continuidad en caso de una victoria en los comicios de julio. López también propuso ya a tres ternas de reconocidos juristas para integrar las fiscalías General, Anticorrupción y de Atención a Delitos Electorales. Además de las propuestas realizadas en la arena electoral, existen alternativas para reforzar el entramado legal y operativo del combate a la corrupción. Una de ellas sería elevar los delitos por hechos de corrupción a la categoría de delitos graves, reformando el artículo 19 de la Constitución, cuyo texto actual permite que los indiciados por dichos delitos puedan enfrentar en libertad su proceso. Es decir, la legislación no considera, erróneamente, a los delitos por hechos de corrupción como graves. Es preciso cambiar esto como parte del inicio de una transformación de la cultura que prohíja esas prácticas en nuestro país. La experiencia demuestra que la elevación de sanciones desalienta conductas lesivas. Otro aspecto a resolver lo es el tortuguismo en la designación de piezas clave del sistema, ya relatada líneas arriba, resoluble a partir de una reforma a las previsiones de nombramiento de dichos funcionarios. En este sentido y a efecto de eliminar la incidencia de las dirigencias de los partidos políticos en el nombramiento de integrantes del Sistema, tales como el Fiscal Anticorrupción o los Magistrados integrantes del Tribunal de Justicia Administrativa, la alternativa a considerar sería facultar al Comité de Selección que se usa ahora para designar a los miembros del Comité de participación Ciudadana para efectuar dichos nombramientos. Esto tendría que realizarse a través de un proceso de elección que también involucre a las asociaciones de abogados y a la academia y que se desarrolle en las mismas condiciones de transparencia usadas para la designación de los integrantes del Comité de participación Ciudadana del Sistema. Además, las potestades del Comité de Participación Ciudadana del sistema están circunscritas a la coordinación entre las instancias integrantes del mismo, sin tener preponderancia alguna, por ejemplo, en la generación de investigaciones o informes de fiscalización específicos o individuales, por lo que la influencia operativa del comité se diluye al ser un solo voto entre otros seis que al ser autoridades siempre favorecerán la visión institucional sobre la ciudadana. Es necesario que el Comité de Participación Ciudadana tenga facultades para ordenar investigaciones de hechos denunciados por medios de comunicación o la propia ciudadanía. La inoperancia del Sistema ante hechos como la denuncia mediática de la llamada Estafa Maestra es inadmisible. Se ha propuesto también la inclusión de dos instituciones clave en el rubro hacendario: el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, dentro del Comité Coordinador del SNA, lo que permitirá dar un mejor seguimiento a la evolución patrimonial de los funcionarios y atender de mejor manera las operaciones con recursos de procedencia ilícita. Necesaria es también, la inclusión de al menos parte de los más de 2400 municipios del país, que el año pasado ejercieron recursos federales que rebasaron los 7,000 millones de pesos sólo en el Fondo de Apoyo Municipal, dentro de las previsiones de los Sistemas Locales. Como se puede observar, hay suficientes áreas de oportunidad para el crecimiento de las facultades legales del Sistema nacional Anticorrupción y su fortalecimiento como instancia donde la propia sociedad participa en el combate a esta deleznable práctica. Sin embargo, habrá que reconocer que la actualidad electoral de nuestro país pospondrá estas reformas hasta después de las definiciones políticas implícitas en toda competencia por los cargos públicos, consustancial a los países democráticos como el nuestro. Para asegurar, a lo largo del tiempo, la eficaz operatividad de las instituciones es fundamental establecer espacios de evolución dentro de ellas que les permitan responder a las necesidades de una sociedad cambiante y exigente de sus derechos. La importancia del tema del combate a la corrupción para la sociedad del presente, demanda respuestas creíbles de los poderes públicos a efecto de mantener niveles adecuados de gobernabilidad. Por fortuna todas las fuerzas políticas reconocen esto, al menos en el discurso.