Xalapa, Ver./ Nelson Arteaga Botello, profesor e investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), sede México, advirtió que la violencia y la inseguridad en América Latina (AL) no pueden entenderse como fallas de la democracia, ni las políticas de seguridad como dispositivos que garantizarían allanar estas fisuras institucionales.

“Tampoco es concebible la idea de que la violencia e inseguridad son resultado de la acción racional y estratégica de criminales, políticos y grupos de sociedad civil, ni que los programas de seguridad pública son únicamente instrumentos estratégicos que funcionan a partir de los intereses y objetivos de grupos dominantes o subalternos.”

Así lo expresó durante su participación en el Seminario “Violencia, corrupción institucional e impunidad en México”, que se desarrolla los días 17 y 18 de agosto, a iniciativa del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales (IIH-S) de la Universidad Veracruzana (UV) y del Centro de Estudios Sociológicos (CES) de El Colegio de México (Colmex).

En el marco de inauguración de este evento efectuado en el Auditorio “Gonzalo Aguirre Beltrán” del IIH-S, el investigador resaltó que la violencia e inseguridad suelen ser interpretadas a partir de las pautas del discurso democrático que delimita la discusión sobre el diseño y la puesta en operación de los programas de seguridad pública.

Durante su ponencia titulada “Violencia, esfera civil y democracia en México”, Arteaga Botello, quien ha producido diversos artículos relacionados con este tema, aseveró que la realidad de la violencia y la inseguridad en las democracias latinoamericanas se explica por el conjunto de relaciones de poder, a veces en forma de alianzas y otras en forma de confrontación que fundan los poderosos, los oprimidos y delincuentes, entre cada uno de ellos de manera horizontal.

Agregó que las interpretaciones que ven la violencia y la inseguridad como una falla de las instituciones democráticas, establecen su diagnóstico a partir de comparar la realidad de las sociedades latinoamericanas con los que se supone serían los modelos democráticos ideales de los países desarrollados.

Al referirse al caso específico de nuestro país, el investigador puntualizó que México actualmente enfrenta una cierta sensibilización respecto a la violencia e inseguridad, pues lastima el tejido social y daña a las instituciones.

Además, estos fenómenos se han amplificado ante la aparición de las redes sociales. “Parece que la violencia se ha convertido en una moneda de cambio de las relaciones sociales de este país, además de ser un tema vendible y atractivo para los medios de comunicación”.

Comentó que la violencia no es un tema reciente en México, lo que sucede es que ha tomado cierta relevancia en la agenda pública nacional.

Ante autoridades universitarias, estudiantes y público en general, Nelson Arteaga consideró que es importante analizar cómo interpretan la violencia las distintas organizaciones de la sociedad civil o los diferentes grupos sociales. Con base en ello se podrán diseñar políticas específicas que permitan la clasificación social sobre ciertos grupos considerados potencialmente peligrosos o violentos.

Al inaugurar las actividades de este seminario, Carmen Blázquez Domínguez, directora general de Investigaciones, dio a conocer que durante los dos días del evento se intercambian experiencias de investigación en torno a los procesos de violencia, particularmente de la región zona sur-sureste que comprende los estados de Veracruz, Campeche, Tamaulipas, Tabasco y Chiapas.

Señaló que éste es el segundo seminario desarrollado en el marco del proyecto “Márgenes estatales, seguridad ciudadana y reforma a la justicia penal en México”, proyecto financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y puesto en marcha por el IIH-S de la UV y el CES del Colmex.

José Alfredo Zavaleta Betancourt, coordinador del seminario e investigador del IIH-S, destacó que la ola de violencia que enfrentamos es el escenario de disputas por el control de la dirección que deben tomar las reformas de los estados y fiscalías.

Dichas circunstancias obligan a quienes realizan investigación empírica y aplicada, a interrogarse qué hacer con estos procesos de violencia en las regiones, y qué reglas defender en cuanto a la implementación de las reformas institucionales en marcha.

Asimismo, cómo regular normativamente las diferentes formas de autoprotección vecinal, comunitaria, autodefensas o casos extremos de justicia popular cada vez más frecuentes en nuestro país.

En el evento destacó la presencia de Filiberta Gómez Cruz, directora del IIH-S, y Silvia Méndez Maín, coordinadora del Doctorado en Historia y Estudios Regionales de este mismo organismo.

Además, Juan José Niño Tejedor, director general de Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, y José Alfredo Gómez Reyes, fiscal regional de Xalapa.

También participan investigadores del Colmex, de las universidades autónomas de Puebla (BUAP), del Estado de Morelos (UAEM), de Tamaulipas (UAT), de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) Unidad Golfo, y del IIH-S de la UV.