Desde mi particular punto de vista, Gracia, creo que te asiste la razón cuando señalas que las campañas políticas convierten las aspiraciones y demandas de las personas y de los diferentes grupos sociales, en moneda cambio para obtener el voto de quienes definirían –supuestamente- el rumbo del país en los próximos años. Cierto, dicen lo que quiere escuchar “el respetable”, no importa que después todo quede en las letras de algunas computadoras, en la tinta gastada en periódicos y publicaciones elaboradas ex profeso y en la memoria de las redes sociales y de Internet. De la noche a la mañana, Pepe Mead promete incrementar el salario de maestras y maestros si el voto de las mayorías le conduce a la primera magistratura de la nación, sin interesar que en la oficina que él comandara por segunda ocasión (SHyCP), se definiera el Presupuesto de Egresos de la Federación y en él, se estableciera en los últimos 5 años, un incremento ínfimo a las percepciones de aquellas y aquellos a quienes hoy les pide sufraguen por él  (goo.gl/eFpnXU). En campaña, Pepe promete respetar “todos los derechos” a los que se han hecho acreedores “los profesores”, cuestión que implicaría revertir las medidas adoptadas por la LGSPD y el deterioro salarial que sufren quienes se jubilan, al medir sus pensiones en UMA(s). No importa que Aurelio Nuño siga proclamando, Gracia, las bondades de la Reforma Educativa, incluida la Evaluación de Permanencia en el Servicio Profesional Docente que conculca el derecho de maestras y maestros, a detentar una plaza definitiva tras cumplir con los requisitos que se establecían en el apartado B de la Ley Federal del Trabajo, sometiéndolos a contratos por tiempo determinado.

También es real, Gracia, como señalas, que el precandidato de Morena promete “el oro y el moro”. Él también endulza el oído de maestras y maestros y para obtener el “favor” de quienes integran la plantilla magisterial al servicio del Estado promete que, “de ganar las elecciones derogará la reforma educativa” y enviará al Congreso de la Unión, un nuevo proyecto de Ley General del Servicio Profesional Docente. En un evento realizado el sábado 10 de febrero, AMLO convocaría “al magisterio nacional y a los padres de familia”, para que de la mano con las autoridades del Gobierno Democrático de México, elaborasen un “Plan Educativo” que concluiría en un “Acuerdo para la Transformación de la Educación en México y la Defensa de los Derechos Plenos de los Maestros”. En la presentación de un documento que circula en redes magisteriales, culpa al gobierno de Peña Nieto por el deterioro de “valores y principios que sufre el país”. Señala que en el centro de esas crisis, se encuentra el “abandono” en que el gobierno tiene a maestras y maestros tras la firma del Pacto por México, en que se decidió “una Reforma Educativa que nunca fue consensuada con las maestras y maestros del país” que definiera nuevas reglas para el ingreso, la permanencia y la promoción del personal docente y suprimiera las Condiciones Generales de Trabajo, documento que rigiera la relación bilateral entre los patrones -gobiernos federal y locales- y los trabajadores de la educación. 

Anaya no “canta mal las rancheras”, Gracia. También se compromete, si ganase las elecciones, a revisar la reforma educativa. Reforma de la que critica una “implementación que ha sido muy deficiente por parte del gobierno federal”. Se lanza para no quedarse atrás, en contra de la evaluación punitiva y reprocha que “no se haya hecho un esfuerzo serio que se vea reflejado en el presupuesto en materia de capacitación”. Sin embargo, y a pesar de que con sus posturas los tres precandidatos de las coaliciones más importantes que compiten para ocupar la titularidad del ejecutivo federal, reconozcan de manera implícita su responsabilidad al haber aprobado -por sí o por interpósitos legisladores-, una reforma rechazada por amplios sectores del magisterio nacional al haberles sometido a una legislación laboral de excepción.

No obstante, Gracia, y como bien puntualizas, grupos de interés como Mexicanos Primero A.C., quieren secuestrar la discusión de la agenda educativa y marcar pautas recurriendo al viejo garlito de anteponer el interés superior de la niñez, como si este postulado fuese suficiente para inhibir derechos humanos y laborales de quienes se desempeñan frente a grupo y son indispensables para que se concrete el proceso de enseñanza aprendizaje, cualquiera que fuese la modalidad que se adoptase. Sus críticas Gracia, comparten insultos y descalificaciones vertidas por Nuño en contra de su enemigo favorito, como si los electores no supieran discernir entre éstos y los argumentos que llaman a revertir una reforma que sólo existe en el discurso y que ha centrado su actuar, en la evaluación de permanencia en el servicio profesional docente.

Identificar el rechazo a la reforma y al quebranto de los derechos laborales de maestras y maestros con el retorno a  “esquemas del pasado” -como la venta y la herencia de plazas-, es prejuzgar acciones que nunca han sido reivindicadas por ningún aspirante presidencial ni por el personal docente que se niega a perder derechos adquiridos a la luz de la doctrina postulada por el derecho social mexicano. Requerir la enseñanza de la cultura nacional y de la lengua propia de los pueblos originarios, por encima del inglés como segunda o tercera lengua, no significaría que ningún crítico le reste la importancia que ésta pudiese tener como segunda o tercer lengua, lo mismo que la que pudiese obtener cualquier otra lengua de una nación distinta que se que impusiera como la hegemónica en el contexto de las naciones. Creer y hacerle creer a la ciudadanía que la reforma educativa impuesta por Peña Nieto, fue resultado de una amplia consulta democrática, sería bordar en el vacío para negar que, así como fue impuesta, pudiese ser derogada. Coincido contigo Gracia, basta de chantajes. Sólo quieren controlar la agenda educativa.