18 de Abril de 2024
Entorno Político | OPINIÓN
Lunes 11 de Diciembre de 2017 | 10:20 a.m.
Rafael Arias Hernández
Rafael Arias Hernández
Mutatis mutandis
Mutatis mutandis

¿SE EXTIENDE PRIVATIZACIÓN DEL AGUA EN VERACRUZ?

El final a 352 días. Concentradas, atención y acción en las elecciones; y también a concesiones y privatizaciones del bien común, del patrimonio público y servicios básicos que son de todos, como el agua.

¿A quiénes favorecen y fortalecen estas acciones? ¿Qué se gana y se pierde?

Siguen similares o parecidas prácticas. El pasado se hace presente. A inseguros, pobres y hambrientos, ¿se deben agregar, sedientos?

Inocultable que en Veracruz  prevalecen y operan muchas formas de ineficiencia y delincuencia gubernamental.

Urgente ponerles atención y ocupación social; o pagar y padecer las consecuencias.

Entre otros perturbadores asuntos, de omisiones y encubrimientos, sobresale la continuación del  desastre duartista, privatizador del agua para grandes negocios.

Con bombo y platillo, se anuncia que saqueo y entrega de lo público tienen seguidores y beneficiarios.

Por citar uno de los sobresalientes ejemplos. Poco importa al gobierno estatal y a los municipales involucrados, que a lo mucho que se sabe y ha difundido sobre conocidos delincuentes, se agreguen y aseguren otras pistas y pruebas: “Documentos de  Fiscalía de Brasil revelan que dos empresas offshore utilizadas por Odebrecht para el pago de sobornos transfirieron 3 millones 754 mil dólares a una compañía “fachada” del estado de Veracruz” (APRO.120617)

En la acción y reacción ciudadana y social, hay que agregar y tomar en cuenta, insistentes señalamientos  presentados por periodistas y estudiosos ocupados en el tema,  como Marco Antonio Rodríguez, quien ha mostrado interesante y preocupante información y datos concretos al respecto. (Místicosy terrenales.GOBERNANTES.231117)

Para completar. A casi un año del efímero gobierno estatal del PANRD, la otrora cuestionada acción duartista, se extiende a Boca del Rio y junto con Veracruz y Medellín,  ya alcanza a casi ochocientos mil habitantes.

Recientemente, el Ayuntamiento que otrora se opuso a la privatización, concreto la operación y, entre otros temas, anuncia que:

“Esta empresa, una vez que se firme la asociación público-privada, se convertirá en socia mayoritaria del sistema de agua y saneamiento junto con el ayuntamiento de Boca del Río. Deberá adquirir el agua al Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (MAS) –pues ellos se encuentran en control de la planta potabilizadora de Medellín– y cumplir con un determinado monto de inversión…Eventualmente, tal y como se indica en la junta de aclaraciones, la empresa podrá realizar un aumento a las tarifas de agua, sin embargo el consejo integrado por el ayuntamiento de Boca del Río deberá aprobarlo” (Lajornadaveracruz.231117).

Sobran razones y justificaciones, para hartazgo, inconformidad y protesta social en aumento.

Por más que la contabilidad convenenciera y la información oficial a modo pretendan ocultar lo inocultable, a la preocupante inseguridad creciente, se suman crisis económica, incremento de pobreza y hambre, crecimiento del endeudamiento público, y finanzas oficiales quebradas.

Y también, persistencia de la continuidad de la impunidad. Debilitamiento y destrucción institucional continúan en todos los frentes.

Alerta y alarma que patrimonio y recursos públicos, así como servicios básicos gubernamentales, fácilmente se concesionen, cedan, concedan o  privaticen.

Por lo pronto  en plena zona metropolitana de Veracruz-Boca del Rio, se continúa y fortalece el claro ejemplo de cómo lo público se convierte en privado, y como se facilitan y consolidan grandes negocios apoyados por subsidios, aportaciones e inversiones gubernamentales.

De alcance mundial, la evidencia de que gobiernos federal, estatales y municipales mexicanos, facilitan y apoyan a impunes  socios y cómplices de Odebrech.

No es posible que 11 países persigan, investiguen y procesen a implicados, pero en México y  Veracruz no pasa nada.

Así, la crisis institucional no solo abarca importantes aspectos de la administración y las finanzas públicas, sino que también se extiende a un debilitamiento, empobrecimiento y pérdida en aumento, de capacidad de respuesta oficial.

Al concesionar y privatizar surgen imparables las preguntas. ¿Qué hace y para qué sirven gobiernos y su abrumadora burocracia que sostienen?  ¿Quién atiende necesidades y problemas básicos de la población?

OPACIDAD PROPICIA Y ASEGURA VORACIDAD.

Oportuna insistencia, frente a estos colosales y nuevos desafíos imperan  mismas fórmulas y  mismas medidas experimentadas. Y eso que estos son gobiernos del cambio.

No entienden ni atienden la diferencia. En el presente, se conocen y difunden más rápidamente fracasos, daños y pérdidas.

Abundan negaciones de la realidad, manipulación de hechos y verdades a medias. Todo para no enfrentar a fondo y en forma los graves problemas. Mediocridad e ineptitud van de la mano con delincuencia e impunidad.

Indeseable y condenable conducta oficial, la de ocultar, distorsionar, inventar, exagerar o minimizar lo que se hizo, y se hace con los recursos públicos y las atribuciones legales.

Conocida actitud, la de no reconocer errores y pérdidas, ni alertar sobre riesgos y  desventajas, de no informar sobre daños y retrocesos y, desde luego, peor aún ocultar beneficios, ganancias y logros que afectan la propiedad pública, para disponer de ellos y de esa información con fines de aprovechamiento personal, familiar o de grupo. Todo esto y más, simplemente es otra forma de delincuencia.

Importante ejercer derechos para distinguir y respaldar a un buen gobierno, cuando lo hay; y también, tener siempre presente que no se está obligado a sostener y padecer a uno malo, o peor, que los hay y abundan.

Lo dicho, debe ser comprobado con el hecho. Urgen servidores públicos, no quienes se sirvan de lo público. No debe negarse, posponerse o impedirse participación ciudadana y social, ni  simularse o inventarse. ¿Renovar o autorizar más concesiones y privatizaciones, para beneficiar a quienes?

Ni modo, al efímero gobierno estatal del PANRD. Gobierno  de más de lo mismo y peor, después de transcurrido un año, hay que seguir, insistir y preguntar, sobre los resultados de la entrega recepción.

¿Cuánto es el monto del daño recibido y cuál es ya, el acumulado? ¿A cuánto asciende el total-total de deuda pública estatal y municipal? ¿Dónde están los miles de millones de pesos presupuestados y desaparecidos? ¿Cuántos despedidos y cuántos nuevos contratados van?¿Cuál es el costo de la reestructuración de la deuda? ¿Por qué los descomunales y ofensivos súper sueldos, prestaciones y beneficios, a funcionarios?

 

Academico.IIESESUV @RafaelAriasH

*** Las ideas y opiniones aquí expresadas son responsabilidad exclusiva del autor y no necesariamente reflejan el punto de vista de Entorno Político.

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