El informe de la UNESCO “Rendir cuentas en el ámbito de la educación: cumplir nuestros compromisos”,  permitiría realizar  un ajuste de cuentas anticipado al cumplimiento de los “10 Compromisos por la Educación Nacional con Equidad y Calidad” anunciados por Enrique Peña Nieto al inicio de su administración, desde la óptica de lo que sucede en las escuelas tomando en consideración la renuncia de Aurelio Nuño como segundo encargado del despacho educativo de la administración que fenece y su designación como coordinador de campaña del candidato presidencial de Partido Revolucionario Institucional.

Sin cuestionar, por el momento, la ayuda de los organismos internacionales “para elaborar objetivos comunes y establecer mecanismos de ejecución” y su injerencia en la “formulación de normas para que los procesos de educación formal apoyen, la coordinación, el consenso y la equidad”, los 10 compromisos establecieron una ruta que divorció a las maestras y maestros mexicanos de los propósitos subordinados a los organismos internacionales, adquiridos por el gobierno mexicano.

En orden de “prelación” y aunque opere la máxima popular de “despacito porque llevo prisa”, la modificación al Artículo 51 de la Ley General de Educación que establece un calendario escolar variable para educación básica y media superior -entre 185 y 200 días hábiles-, contraviene el compromiso marcado con el numeral 1 establecido por Peña, en marzo del 2015, mediante el que el titular de la administración se comprometía al cumplimiento de los 200 días hábiles que marcara el calendario escolar para la educación obligatoria, a la aplicación de los descuentos al personal docente que se ausentase de sus labores y el despido a quienes faltaran por más de tres días sin justificación, incorporado a la Ley General del Servicio Profesional Docente. Empero, a este planteamiento se incorpora la añeja prestación del goce y disfrute de los 9 días económicos a los que tienen derecho los ahora profesionales de la educación, prestación que permanece.

En cuanto al impulso que propiciara “una mayor equidad en la educación” - apartado 2 de los compromisos-, que nivelara a las escuelas “en infraestructura y medios de aprendizaje”, compañeras y compañeros maestros que laboran “en las zonas marginadas e indígenas del país”, señalan que todo sigue igual -o peor-, a pesar de los programas Escuelas al Cien, Reforma Educativa, Escuelas de Concentración y las deudas multimillonarias que afectarán por 25 años al Fondo de Aportaciones Múltiples. Sus escuelas siguen funcionando con una sola maestra o maestro que atiende a todos los niveles y sin los servicios básicos “indispensables” para su funcionamiento.

Si el llenado del formato 911 pudiese considerarse como un elemento que integrara un sistema de indicadores, susceptibles de incidir en los procesos de mejora de las instituciones, podría considerarse que las escuelas cumplen con lo solicitado, no obstante que el derrotero por el que pasaron las pruebas ENLACE y PLANEA, no permiten comparar el aprendizaje de alumnas y alumnos en su propio entorno y compararlos con los resultados obtenidos por sus pares en otras condiciones. Pero y a pesar de la definición de la “Normalidad Mínima Escolar”, que debería acatar las administraciones escolares en cada caso específico, las condiciones para el cumplimiento de infraestructura básica para realizar sus actividades, dependen de otras autoridades y entre ellas, las educativas locales, federales y municipales.

En pleno auge de las evaluaciones previstas por la LGSPD y en sentido contrario a lo dispuesto, plazas vacantes de nuevo ingreso que debiesen ser asignadas a las y los maestros que obtuviesen resultados idóneos en el examen de ingreso al servicio profesional docente, son concedidas bajo el formato de interinatos por tiempo determinado a egresadas y egresados de escuelas normales y/o universidades que no sustentaron el examen de ingreso, cuando el número de aprobados es menor a los de las plazas puestas a concurso. Y, a pesar de que la LGSPD establezca que las promociones obtenidas por el personal docente son nulas de pleno derecho cuando se asignasen al margen de los concursos de oposición previsto, negociaciones entre autoridades educativas y sindicales, otorgaron a dirigentes seccionales nombramientos como supervisores y asesores técnico pedagógicos en detrimento de “los mejores calificados en los concursos de oposición”.

A pesar del foro que  realizara el INEE recientemente, en materia de transformación de las escuelas normales y del planteamiento del  5º “Compromiso” en materia educativa anunciado por Peña, la actualización de las escuelas normales sigue “durmiendo el sueño de los justos”, esperando la transformación de planes y programas de estudio a los que como última ocurrencia Nuño anunciara, se incorporará la enseñanza del idioma inglés como asignatura obligatoria. Destinar un monto aproximado para la capacitación de casi 1 millón y medio de docentes de educación básica y media superior, contraviene flagrantemente el compromiso 6 mediante el que señalara, que se destinarían “recursos humanos y financieros suficientes y pertinentes para la formación inicial y capacitación de los maestros”.

Trampas, engaños, timos, estafas y promesas. El resumen del informe de seguimiento de la educación en el mundo de la UNESCO alerta sobre la manipulación de los resultados que rinden -o debiesen rendir- autoridades educativas, autoridades escolares, maestras y maestros. “Prácticas tramposas” en las que incurren quienes ¿diseñan? la política pública en materia educativa y que se convierten en promesas o amenazas a las que el personal docente de las instituciones de educación pública está acostumbrado y por las que, en breve plazo, podrían mediante el voto, realizar un ajuste de cuentas.