Las malas calificaciones se acumulan, a pesar del anuncio de Javier Treviño Cantú, subsecretario de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública que anticipa que ahora sí, en el transcurso de los próximos dos meses se publicarían “en el Diario Oficial de la Federación los planes y programas para la educación obligatoria, que contienen el planteamiento curricular y pedagógico de la Reforma Educativa”, acompañado por la producción de los nuevos materiales y libros de texto gratuito (goo.gl/24aE8o), correspondientes al nuevo modelo educativo que “iniciará su aplicación en una fase piloto” en el ciclo escolar 2018-2019. Empero, evaluaciones realizadas por la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF) reprueban el ejercicio presupuestal del sector educativo y resaltan, a pesar de la reducción de los montos observados a la nómina educativa (10 061.8 mdp) pagada con recursos de FONE respecto al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB) y Normal, observaciones por un total de 3,087.6 mdp equivalente sólo al 0.9 de la muestra auditada y al 0.8%  de los recursos asignados a “los entes fiscalizados”. Dineros destinados a “fines no autorizados por su normativa” entre los que se podría inferir, se encuentran los comisionados de diferente naturaleza y/o pagos a maestros y maestras  de educación media superior y superior. Resalta el informe de la ASF (goo.gl/f7ghYS) la distribución inercial de “los recursos del gasto federalizado, sin que se consideraren los resultados obtenidos”.

Entre los fines no autorizados para el ejercicio del gasto federalizado realizado a través del FONE, se encontraría el pago de los salarios a más de 142 mil docentes - comisionados- que realizan funciones administrativas (goo.gl/m2UaMe) en alguna de las 29 dependencias educativas locales. Algunos estarían comisionados a otras instancias no vinculadas con el que-hacer educativo, serían comisionados sindicales o gozarían de una indebida licencia sindical. Un alto número de docentes -más de 18 000- especula Mexicanos Primero AC, serían aviadores tras no ser ubicados en los centro de trabajo en los que laboran formalmente por el programa Pase de Lista. En descargo, valdría la pena acotar que muchos de los maestros y maestras que “realizan supuestas labores administrativas”, en realidad se encargan de operar una infinidad de ocurrencias -programas institucionales- entre los que se encontrarían algunos como el programa de reforma educativa -gestión escolar-, consejos escolares de participación social, consejos técnicos de la educación, protección civil, programas de lecto-escritura, concursos de diferente índole, entre otros, y muchos y muchas se desempeñarían como apoyos técnico pedagógicos en las supervisiones escolares y en las jefaturas de sector, en espera de las convocatorias de promoción mediante las que podrían regularizar su actividad. Otros más estarían ubicados efectivamente en oficinas administrativas desconcentradas.

Malas calificaciones habría obtenido el Programa de Reforma Educativa (PRE). La auditoría superior señala que en el Programa Sectorial de Educación 2018, la administración habría reconocido el grave deterioro y las carencias que sufre la infraestructura educativa en el país y que para atender esta problemática, refiriéndose al gobierno, promulgó la Reforma Educativa –que incluye las modificaciones a los artículos 3 y 73 constitucionales y la creación de dos leyes secundarias- que permitirían elevar la calidad de la educación que se imparte a los educandos. Calidad que se lograría mediante 4 componentes entre los que se incluye la infraestructura educativa. La ASF recordaría que uno de los objetivos del gasto federalizado estaría vinculado al incremento del “bienestar de la población”, adjetivo aplicable a la “edificación o remodelación de escuelas”. La Secretaría de Educación Pública habría ejercido casi 10 000 mdp mediante los Programas de Reforma Educativa e Inclusión y Alfabetización Digital. Los recursos en el caso del PRE habrían sido entregados a las escuelas para su operación, sin contar con un “diagnóstico integral y actualizado sobre el estado de las condiciones físicas y el equipamiento de las escuelas públicas de educación básica”, lo que a juicio del ente auditor le impide verificar si se logró el objetivo propuesto.

Como sus antecesores, el Programa de Inclusión y Alfabetización Digital dejó más sinsabores que satisfacciones y obtuvo malas calificaciones a juicio de la ASF. Gasto inútil que no mejoró el rendimiento académico de niñas y niños de quinto y sexto de primaria, las computadoras y las tabletas fueron entregadas aun en escuelas que carecían de energía eléctrica, acceso a Internet (1/2) y sin conectores eléctricos específicos. Sin una real capacitación docente para lograr un uso eficaz y eficiente de las computadoras y las tabletas en el salón de clase, pronto se convirtieron -las que no se descompusieron, perdieron, se robaron o empeñaron- en un juguete más y en un dolor de cabeza para padres y madres de familia.

Cuestionadas por maestros y maestras, las evaluaciones para el ingreso, permanencia y promoción en el servicio profesional docente y otras aplicadas a alumnos y alumnas de educación básica y media superior -como PLANEA-, también fueron reprobadas por la ASF. Objeta que sus “resultados no se utilicen para mejorar la calidad de la educación” a pesar del gasto invertido en ellas. Tras cuatro años de aplicar en su nueva etapa, las evaluaciones de ingreso al servicio profesional y a pesar de los resultados deficientes, los planes y programas de las escuelas normales no se han reformulado y no se forma a los alumnos y alumnas de acuerdo a los requerimientos que de ellos esperan.

De sabios cambiar de opinión.