La intervención a la tesorería de Fortín ordenada por el Congreso del Estado debido a presuntos malos manejos, la advertencia del diputado Américo Zúñiga de que posiblemente esa medida se replique en 5 ayuntamientos mas; como el evidente rezago de incontables municipios en el estado y de todo el país y la prosperidad de sus exalcaldes son razones de peso para homologar la contabilidad de municipios, estados y federación; incluso de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial y así conocer el destino de cada peso del erario.

Para eso se aprobó la reforma constitucional que permitía al Congreso de la Unión legislar en la materia y finalmente el 31 de diciembre de 2008 se publicó la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que fijó el plazo al 31 de diciembre de 2012 para que todos los entes públicos armonizaran sus contabilidades.

A solo cinco meses de vencerse dicho plazo, se ignora lo que se ha hecho.  Dicha ley permitiría saber con exactitud el destino de cada peso del erario y si se gastó eficientemente o se perdió en el caño de la corrupción.  Es casi seguro que las retadoras metas establecidas en la ley dejarán a actores públicos en la línea del incumplimiento, con el riesgo de que puedan ser sancionados (ojalá) sin descontar cargos penales y políticos.

El responsable de esta homologación es Alfonso Medina, secretario técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)  y titular de la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes de la Gestión Pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se ha dicho “confiado” en que pese a las “metas de transición tan ambiciosas” se complete la implementación de la ley; aunque dicho sea de paso, habrá que ver si a partir del 1º de diciembre se mantiene en este encargo.

En el escueto informe de la CONAC del 27 de abril de este año, el último que se conoce, se señala que las únicas entidades que  han cumplido totalmente la adopción e implementación de las decisiones del Consejo son el Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Nayarit y Veracruz, y las que han cumplido parcialmente, es decir solo lo concerniente al poder ejecutivo son Baja California, Chiapas, Chihahua, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco y Nuevo León.

En su reunión del pasado 31 de julio los integrantes de la CONAC acordaron acelerar el proceso de evaluación para saber a ciencia cierta en que se tienen avances concretos a nivel municipal, estatal y federal.  Y así se comprometieron a saber para el 30 de noviembre si los objetivos de la armonización se cumplieron o no.

En caso de incumplimientos, la ley prevé sanciones, pero más importante que eso es que todos cumplan y para ello a los municipios de muy escasos recursos se les está ofreciendo asesoría y el apoyo tecnológico necesario para emitir la información financiera como marca la norma, al decir del funcionario.

Por su parte los gobernadores como el de Durango, Jorge Herrera Caldera al ser cuestionados sobre las razones de su incumplimiento son tajantes en su respuesta “somos de las entidades más avanzadas si no es que la primera”. O Guillermo Padrés Elías gobernador de Sonora “Vamos caminando, que yo sepa no hemos incumplido todavía”.

Para Armando Plata, vicepresidente del Sector Gubernamental del Instituto Mexicano de Contadores Públicos con asiento en el CONAC explica que “se necesita que los entes públicos tengan solución informática gratis al menos para los municipios con menos de 25 mil habitantes, y al momento no la tiene ningún municipio”.

En conclusión, los unos y los otros tienen buena cantidad de razones económicas en su mayoría y de tiempo para no cumplir con esta tan necesaria ley que sería un excelente comienzo para acabar con décadas de administraciones estatales y federales de todos los partidos políticos que han sido incapaces de llevar administraciones transparentes y con una rendición de cuentas a prueba de dudas.

La pobreza se respira palmo a palmo de cientos de pequeños municipios a lo largo y ancho de México completo.  Ahí, donde viven los más pobres del país no sabemos cuanto llega, ni para que se utiliza.  Carreteras, caminos, hospitales, escuelas, agua potable siguen en las necesidades cotidianas de miles de pueblos y nosotros sin saber cómo es que por tanto tiempo el dinero no alcanza, las partidas se retrasan y las necesidades básicas siguen no cubiertas.

En contrapartida de la bonanza y prosperidad de miles de “familias con suerte” que por décadas han hecho de la administración pública en México el negocio más rentable con nuestra venia, porque lo observamos, lo sabemos y lo permitimos.   Hay que observar, exigir y asegurarnos de que esta Ley si se cumpla.

Que los castigos ejemplares no sean una sola golondrina queriendo hacer verano. Que la transparencia sea un derecho permanente e inalienable, al alcance de todos para que haciendo uso de ella, el destino de miles de municipios y comunidades esté en las manos de todos y no solo de unos cuantos posibles presas de la ambición.

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