Fue la última sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública que le tocó encabezar.
Este jueves el Presidente Felipe Calderón hizo su último "corte de caja" en el tema que fue la máxima prioridad de su gobierno: La seguridad.
Convencido de que será por su "guerra" contra el crimen organizado por lo que se le calificará con más dureza una vez que deje Los Pinos, Felipe Calderón buscó en esta ocasión suavizar su despedida.
Presumió una reducción a nivel nacional de los delitos dolosos del orden del 7% y, a la vez, del 15% en los delitos relacionados con rivalidad delincuencial, en los últimos seis meses.
"Por primera vez en varios años se está registrando una tendencia de reducción de homicidios dolosos a nivel nacional que constituye uno de los indicadores más importantes de la violencia que preocupa a los mexicanos", dijo y agregó: "Estoy cierto que esta tendencia se hará cada vez más visible en el largo y mediano plazo".
Más adelante, en la misma sesión, alguien se encargó de quitarle el maquillaje a las cifras manejadas por el Presidente de México.
Héctor Larios Santillán, presidente del Observatorio Nacional Ciudadano, explicó que la disminución que se ha tenido en el primer semestre del 2012 es de 80 homicidios menos al mes. Esto es, que bajó de mil 767 homicidios en promedio mensual, a mil 687 crímenes en el mismo lapso, lo que -como es evidente- no tranquiliza a los mexicanos.
La aclaración no cayó bien al Presidente, quien pidió el uso de la palabra para defender su postura:
"Habría que ver qué es relevante, creo que no debiéramos enfrascarnos en ver si es relevante o no es relevante que se reduzcan los homicidios en México, finalmente es opinable. A mí me parece que sí es del interés de los mexicanos el saber que por primera vez en varios años, durante dos semestres consecutivos se han reducido los delitos por lo menos en un siete por ciento", comentó el Presidente.
Lo cierto es que el entusiasmo por esa supuesta mejoría en las cifras desapareció.
Ni siquiera los datos duros del INEGI lograron entusiasmar a los presentes. Este organismo dio a conocer que el Índice de Percepción sobre la Seguridad Pública (IPSP) en el país alcanzó en julio su máximo nivel, en 106.43 puntos, desde que comenzó a calcularse en 2009, luego de registrar un avance anual de 5.78%.
Este índice está compuesto por cinco componentes parciales que buscan medir la apreciación de las personas sobre la seguridad pública, así como la seguridad personal.
El componente que más creció en la última medición fue el de la percepción sobre la seguridad pública en el país, respecto a la situación que se vivía hace un año, ya que consiguió una mejoría del 12.89%.
El segundo componente con mayor repunte fue el de la seguridad personal, cuyo índice aumentó 7.4%.
Pero ante el optimismo de estas cifras, contrasta lo arrojado por el quinto componente. En él se cuestiona a los encuestados si les inspira confianza caminar solos, por las calles de sus rumbos, entre las 4 de la tarde y las 7 de la noche. Ahí el índice marca un descenso del 1%.
La sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública sirvió para entender que fue en el tema de la seguridad, en el que más gastó el gobierno de Calderón, en el que más altas expectativas se generaron y, por lo tanto, en el que se fracasó de manera más estruendosa.
Sirvió también para saber que ya contamos con una herramienta que nos ayudará a conocer nuestra realidad en el combate a la delincuencia.
En el mismo evento, por ejemplo, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), Óscar Vega Marín, emplazó a las entidades federativas a informar en los próximos 10 días sobre el destino de los agentes evaluados que resultaron no aptos.
El funcionario informó que a la fecha 38 mil elementos han resultado "no aptos", de los cuales apenas 4 mil 500 han sido dados de baja y otros 6 mil 119 están en dicho proceso.
Sin embargo, lamentó que dos terceras partes de las corporaciones estatales y municipales no hayan reportado sobre los mecanismos que han aplicado en los casos de reprobación.
Para nadie es un secreto que los policías que son despedidos por no aprobar los exámenes de confianza, pasan a engrosar las filas del crimen organizado, donde son bien recibidos, pues se trata de sujetos capacitados en el manejo de armas.
Otra razón por la que fue útil esta sesión fue porque se trató un asunto que todos habían soslayado. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, planteó recomendar a la próxima Legislatura que se disponga de los recursos y las medidas necesarias para homologar los salarios y prestaciones de los policías locales y los federales. Su propuesta fue aprobada.
Y un dato más:
El Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, consiguió que se aprobara que todo aquel que de origen sea detenido por un delito federal sea recluido directamente en un penal de seguridad federal, sin que pase por uno local; que se mantenga el traslado de reos que están en penales locales a los de control federal, y que aquellos reos del fuero común que sean reportados por los estados por su gran capacidad de violencia, pasen a custodia federal.
Lo que sorprendió de esta intervención, es que García Luna mencionó al estado de Veracruz como una de las entidades en las que sus cárceles ya no tienen internos sentenciados del orden federal.
Entonces ¿quién opera el tráfico de drogas en esos reclusorios? ¿Reos sin sentencia del fuero federal, reos del fuero común... o los directivos de Prevención y Readaptación Social?